El debate sobre la despenalización del aborto en Andorra ha vuelto al Consell General esta semana, marcado por la tensión política y las señales de prudencia procedentes del Vaticano. Según publica La Veu Lliure, el ministro Ladislau Baró reconoció que el calendario inicial —que preveía un texto legislativo en noviembre— fue “demasiado optimista” y que la Santa Sede ha pedido mayor discreción y tiempo antes de cualquier avance público. Todo esto después de la visita que hicieron a Parolin hace unos días.
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Desde el grupo Concòrdia, la diputada Núria Segués expresó su frustración por los continuos aplazamientos: “Llevamos dos años y cada vez que hablamos de esto damos vueltas”. La parlamentaria insinuó que en la última reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se abordaron cuestiones sensibles sobre el papel del Coprincipado episcopal en la legislación sobre el aborto.
Roma pide calma
El ministro Baró admitió que sus declaraciones previas fueron precipitadas: “En noviembre lo di casi por hecho, y Dios mío, lamento haberlo hecho. A veces el optimismo te hace ser más valiente de lo que deberías ser”. Añadió que el debate, previsto ahora para diciembre, debe gestionarse con calma: “El margen entre la Constitución, la doctrina de la Iglesia y los derechos reproductivos de las mujeres es estrecho y hay que abordarlo con discreción”.
El tono refleja un cambio claro en la estrategia: Roma ha pedido tiempo y discreción, consciente de que el tema del aborto amenaza con tensar la relación entre el Vaticano y el Coprincipado andorrano.
Un diálogo que inquieta
Pero el debate político deja entrever algo más grave. Las declaraciones de varios dirigentes andorranos apuntan a que se ha hablado abiertamente con Roma de “derechos reproductivos” y de fórmulas para subvencionar abortos fuera del país, lo que constituye un indicio indubitado de diálogo sobre financiar el asesinato de los no nacidos.
Frente a esto, la posición del Vaticano parece moverse entre la diplomacia y la evasión moral. El cardenal Parolin, que ha reiterado en público su deseo de “armonía institucional”, evita pronunciarse con claridad sobre el fondo del asunto y apuesta por una escala de grises para contener el conflicto y ganar espacio diplomático antes que pronunciar un no definitivo.
¿Y el copríncipe?
Según La Veu Lliure, se puede permitir la despenalización del aborto sin la firma del copríncipe episcopal, trasladando la rúbrica al copríncipe francés, como ya se hizo en otras reformas sensibles —como es el caso de la ley de reproducción asistida—. Esta fórmula, aún incierta, podría ser la clave para romper el bloqueo político, pero también supondría un grave precedente moral: la renuncia práctica de un Estado católico a su identidad.
Aunque el obispo de Urgell no firmara la ley, la Iglesia no podría desvincularse del resultado, pues ha participado en todas las fases de negociación. Si el texto llega al Consell General, habrá sido en la práctica bendecido por el Vaticano. La cuestión, por tanto, no es solo legal sino espiritual: la ambigüedad de Roma frente al aborto amenaza con convertir el silencio en complicidad.