Según informó The Pillar, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández, notificó recientemente al Papa León XIV sobre los avances del grupo de trabajo vaticano que estudia la criminalización del abuso espiritual en el derecho canónico.
El purpurado, que calificó el proceso como “fructífero”, pidió al Papa confirmar al arzobispo Filippo Iannone como presidente del grupo, pese a su reciente cambio de funciones en la Curia. La continuidad del trabajo sugiere que el pontífice —canonista de formación— mantiene apertura a definir jurídicamente el abuso espiritual como delito autónomo dentro del Código de Derecho Canónico.
Abuso espiritual: una realidad antigua con implicaciones nuevas
El fenómeno del abuso espiritual no es nuevo en la historia de la Iglesia. Desde los primeros siglos, se reconoce que toda autoridad —también la religiosa— puede ser mal ejercida. En la actualidad, el derecho canónico contempla esta forma de abuso solo como factor agravante de otros delitos, especialmente los de carácter sexual.
Ejemplo de ello son los delitos de solicitación en confesión o de absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento, ambos tipificados precisamente para proteger la integridad del ámbito espiritual frente a abusos.
El cardenal Fernández ha señalado en varias ocasiones que el abuso espiritual aparece con frecuencia como agravante en los casos de abuso sexual, citando el escándalo del exjesuita Marko Rupnik, acusado de manipular y abusar espiritual y sexualmente de religiosas durante décadas.
“No podemos hacer una ley para un solo caso”, explicó el prefecto, “porque eso limitaría la visión y afectaría la objetividad del trabajo”.
Un nuevo delito con límites jurídicos
Aunque algunos observadores especulan con que el nuevo delito podría permitir procesar retroactivamente el caso Rupnik, canonistas consultados por The Pillar descartan esa posibilidad. El principio de irretroactividad impide aplicar nuevas leyes a hechos pasados. Por tanto, incluso si el Papa promulgara un nuevo delito de abuso espiritual, no podría usarse para juzgar casos anteriores.
Además, introducir una figura penal inédita plantea complejidades: definir jurídicamente qué constituye abuso espiritual y cómo demostrarlo. A diferencia de los delitos materiales, este tipo de abuso suele producirse en contextos subjetivos y relacionales, difíciles de probar en sede judicial.
Desafíos prácticos para la aplicación canónica
La creación de un nuevo delito obligaría a establecer autoridades competentes para recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares. Por la naturaleza del caso, muchas diócesis remitirían los informes directamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), saturando aún más un organismo ya sobrecargado con causas de abuso sexual clerical.
Algunos canonistas proponen que el Dicasterio para los Textos Legislativos (DTL) asuma parte de la tarea, elaborando un vademécum de aplicación que aclare criterios y límites. No obstante, esto requeriría coordinación con el nuevo prefecto de dicho dicasterio, aún no nombrado.
El trasfondo: casos recientes y la urgencia de claridad
El tema ha cobrado fuerza tras diversos escándalos recientes. Además del caso Rupnik, se mencionan el del sacerdote David Nicgorski, acusado de manipular espiritualmente a religiosas antes de agredirlas, y el del argentino Ariel Alberto Príncipi, declarado culpable de abusar de menores bajo el pretexto de “oraciones de sanación”.
Estos episodios han llevado a una reflexión interna sobre los límites del acompañamiento espiritual y la dirección de conciencia, ámbitos que, mal entendidos, pueden degenerar en abuso moral, psicológico o sexual.
Una propuesta con implicaciones eclesiales y pastorales
Si el grupo de trabajo logra formular una definición clara y viable del abuso espiritual, el Papa podría aprobar una reforma del Código de Derecho Canónico junto con un manual interpretativo. El reto será proteger a las víctimas sin criminalizar el ejercicio legítimo de la autoridad pastoral ni crear un clima de sospecha dentro del acompañamiento espiritual.
Por ahora, el cardenal Fernández mantiene el rumbo de su propuesta, y la Santa Sede busca equilibrar la justicia con la prudencia, en una materia que toca directamente la esencia misma de la relación entre pastor y fiel.