Quien haya leído con atención la nota simple del inmueble de la calle Lagasca 116 —esquina Diego de León, Madrid— habrá comprendido mejor que con cien comunicados vaticanos por qué Roma puede reformar estatutos, pero no tocar ladrillos. La finca, que no es otra que la sede central del Opus Dei en España, no pertenece ni a la prelatura, ni al prelado, ni a ninguna entidad eclesiástica. Su propietaria es una sociedad anónima llamada Inmobiliaria Urbana Moncloa, S.A., titular del cien por cien de la nuda propiedad desde 1966. Y el uso del edificio, por su parte, corresponde a una fundación civil —Fundación Iniciativas de Acción Social— que disfruta del cien por cien del usufructo por veinte años, desde 2013 hasta 2033, según escritura notarial de Francisco Javier Vigil Quiñones Parga. El edificio figura en el registro como “Edificio de Servicios”, no como templo ni bien eclesiástico, y aún arrastra una hipoteca antigua del Banco Crédito Construcción. En resumen: el Opus Dei trabaja allí, pero jurídicamente no es su casa.
Este esquema —una sociedad mercantil propietaria, una fundación civil usufructuaria y ningún vínculo directo con la Iglesia— no es una anomalía. Es el mismo patrón que encontramos en Torreciudad, donde el santuario y su entorno están inscritos a nombre de Inmobiliaria Aragonesa, S.A., con un usufructo temporal a favor del Patronato de Torreciudad hasta 2035. En ambos casos, el modelo es idéntico: la obra espiritual se sostiene sobre una estructura civil hermética, diseñada para ser intocable. Ni el Papa, ni el obispo, ni el prelado pueden disponer de esos bienes. La propiedad pertenece al mundo del derecho privado, y el usufructo —que es lo que da acceso al uso religioso o institucional— caduca con el tiempo. Roma puede promulgar decretos, pero el notario tiene la última palabra.
La ironía es que, mientras el Vaticano sueña con “reordenar” el mapa de las obras eclesiales, los movimientos más institucionalizados aprendieron hace tiempo a blindar su patrimonio al margen de Roma. No por rebeldía, sino por una mezcla de prudencia, orgullo corporativo y sentido práctico. Desde mediados del siglo XX, cuando los nuevos carismas empezaron a adquirir propiedades, colegios, universidades y centros de formación, lo hicieron casi siempre a través de sociedades y patronatos civiles. La Iglesia, que nunca ha desarrollado un derecho mercantil canónico eficaz, toleró que esas estructuras crecieran bajo la idea de que “todo queda en casa”. Hoy se descubre que “casa” es una palabra elástica: Roma puede cambiar estatutos, pero los títulos de propiedad no los mueve nadie.
Algo parecido ocurrió con la Legión de Cristo. Después del escándalo de Marcial Maciel, muchos se preguntaron por qué el Vaticano no disolvía la congregación. La respuesta era tan simple como brutal: no había nada que heredar. Todas las propiedades relevantes —universidades, residencias, colegios, fundaciones— estaban inscritas en manos de personas jurídicas civiles, fuera del alcance de la Santa Sede. Suprimir la Legión habría significado asumir sus deudas y pleitos sin acceso a sus activos. Roma prefirió lo práctico: intervenirla a medias, cambiarle el vocabulario y dejarla morir por inanición vocacional. Un cadáver piadoso que nadie tiene que enterrar. En el fondo, la misma lógica se aplica hoy al Opus Dei: reformar, sí; tocar, no.
La nota de Lagasca y la de Torreciudad no son documentos aislados, sino capítulos de una misma novela jurídica. Ambas reflejan el mismo fenómeno: instituciones católicas que, en nombre de la prudencia, edificaron su propia independencia patrimonial. Roma puede reformar carismas, pero no escrituras. Puede renombrar prelaturas, pero no cambiar titulares registrales. Puede hablar de caridad y de pobreza, pero el capital está donde siempre estuvo: en sociedades y fundaciones con CIF, balance y patronato.
El resultado es una paradoja que bordea lo teológico. Los movimientos que nacieron proclamando su fidelidad incondicional a la Iglesia se han convertido, a efectos patrimoniales, en entidades civiles blindadas frente a ella. La Santa Sede, por su parte, sigue sin entender que su poder espiritual se evapora cuando no tiene control jurídico sobre las obras que dice tutelar. No existe un derecho mercantil canónico sólido, y mientras ese vacío persista, cada intento de reforma terminará en la misma constatación: Roma puede predicar la pobreza, pero los bienes están en manos de notarios.
En Madrid, la sede del Opus Dei no es un templo, sino un activo urbano con propietario y usufructuario perfectamente diferenciados. En Torreciudad, el santuario y su entorno forman dos fincas registrales distintas: una, el templo; la otra, el complejo de servicios y accesos. Y ambas bajo el mismo paraguas civil. La Iglesia ha permitido que durante décadas se recaben donaciones, herencias y legados en fundaciones ajenas a su control, y ahora, cuando intenta intervenir, descubre que la propiedad se le ha ido de las manos. Lo que en su día se consideró prudencia se revela como una estrategia de independencia irreversible.
Roma podrá seguir hablando de reformas y carismas, de renovación pastoral y de estructuras más sinodales. Pero la realidad es obstinada. Ni Torreciudad, ni Lagasca, ni la Legión, ni tantas otras obras están ya en su órbita jurídica. Son planetas que giran por inercia, sostenidos por el dinero de los fieles y por un armazón legal que los hace intocables. Y cuando desde los palacios vaticanos alguien se pregunte qué fue de todo aquello, bastará con una respuesta sencilla: los papeles estaban en regla, pero a nombre de otros.