Hoy existen indicios ya muy claros, que InfoVaticana ha documentado y expuesto con rigor, de una campaña de comunicación cuidadosamente orquestada para lavar la imagen de todos los implicados en el llamado caso Lute. No se trata de esclarecer los hechos, sino de reescribirlos, construyendo un relato de “conspiración” destinado a desacreditar a las víctimas y a su anterior abogado. Bajo la apariencia de un ejercicio de periodismo de investigación, medios como Crux, Religión Digital y El País —con la periodista Elise Allen como eje articulador de esta narrativa— han impulsado una versión manipulada que invierte los roles y confunde a la opinión pública.
El origen del llamado “informe Prévost” no estaba, como se informó falsamente, en ninguna maniobra del Sodalicio de Vida Cristiana, sino en la organización internacional SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), una entidad independiente y reconocida por su labor de acompañamiento a víctimas de abusos eclesiásticos. Vincular a Ricardo Coronado con el Sodalicio fue un intento burdo de desviar la atención del verdadero problema: una gestión eclesiástica errática, desordenada y carente de sentido de justicia proporcional en un caso de abusos sexuales a niñas muy pequeñas. Coronado, el abogado que se atrevió a pedir acceso al expediente, ha sido vapuleado mediáticamente, maltratado institucionalmente, dimitido del estado clerical e inhabilitado por unos encuentros consentidos con una persona adulta. Sin justificar lo impropio, cabe preguntarse qué pensarán Capella, Zanchetta o el propio Lute ante semejante doble vara de medir. Si la Iglesia aplicara con todos ese nivel de severidad, solo quedaríamos los laicos.
Además, Coronado no pertenecía al Sodalicio, ni actuó en representación de nadie. Fueron las propias víctimas quienes lo contactaron en busca de ayuda, y ese dato desarma por completo la narrativa conspirativa promovida por Elise Allen y replicada sin contraste por otros medios. En realidad, no hay ninguna conspiración: hay un caso mal resuelto, mal gestionado y peor explicado, cuya torpeza ahora se intenta disimular mediante una operación mediática de distracción. La estrategia de Allen —amplificada por Religión Digital y El País— se basa en fabricar un relato emocional y simplista, donde todo el que cuestiona la versión oficial es etiquetado como portavoz de una supuesta “ultraderecha eclesial”.
Esa estrategia, además de injusta, está mal concebida. Pretender ocultar los errores con más ruido mediático es una huida hacia adelante. El País y la periodista Paola Nagovitch deberán afrontar demandas judiciales por no rectificar la manipulación de una entrevista de más de dos horas con las víctimas, editada de forma sesgada hasta tergiversar el sentido de sus declaraciones. No se trata de un error periodístico menor, sino de una distorsión deliberada de un testimonio vulnerable, utilizada para sostener un guion previamente decidido.
El caso se ha tramitado con innumerables errores, desde la falta de prácticas probatorias mínimas hasta la ocultación de documentos. Prolongar el conflicto, seguir escondiendo el expediente o ignorar a quienes sufrieron directamente los hechos no conduce a nada. Solo agrava el daño, erosiona la credibilidad institucional y alimenta el descrédito de una Iglesia que necesita transparencia, no propaganda. Si Roma no asume con urgencia la responsabilidad de revisar lo ocurrido en el caso Lute, la estrategia de Allen y sus aliados mediáticos acabará hundiendo en el descrédito absoluto a todos los que hoy intentan encubrir sus propios errores. Porque el problema no son las víctimas ni sus abogados: el problema es la mentira organizada para que nada cambie.