Días antes del Cónclave, Infovaticana publicó un informe que exponía graves deficiencias en la gestión de un caso de abusos sexuales a menores cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo. El documento detallaba omisiones significativas en el manejo del conocido “caso Lute”, un sacerdote pederasta que abusó de dos niñas de 9 y 11 años, a quienes llevaba a una estancia aislada en la sierra, donde les hacía dormir en al misma cama y abusaba de ellas (hay testimomios que afirman que Lute llevaba ahí a más menores). La investigación sigue abierta, y las víctimas han solicitado recientemente acceso a los documentos y pruebas del proceso.

La publicación desencadenó una campaña mediática coordinada que sorprendió a los responsables de Infovaticana. El periodista Austen Ivereigh fue el primero en recriminar personalmente la noticia: “es una campaña del Sodalicio”, dijo. Días después, esa misma tesis se repitió en varios medios —entre ellos Religión Digital, Vida Nueva e incluso El País, que insistió hace unos días en esa línea y ahora enfrenta una demanda de las víctimas por haber manipulado una entrevista grabada de dos horas con la periodista Paola Nagovitch, cuyo contenido nada tuvo que ver con lo publicado—. La biografía oficial del Papa, escrita por la periodista Elise Allen, también se hace eco de la misma teoría. Todos coinciden en el relato: el informe era un “bulo del Sodalicio”, una operación de intoxicación atribuida a la llamada ultraderecha eclesial.

Sin embargo, Infovaticana ha tenido acceso a pruebas concluyentes que desmontan por completo esa versión. Una de ellas es un audio, grabado en abril de 2025, en el que una autoridad eclesial directamente involucrada en el caso reconoce que fue SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) —la conocida organización estadounidense de víctimas de abusos en la Iglesia— quien a comienzos de ese mismo mes envió el documento a la Secretaría de Estado del Vaticano. El objetivo, según se desprende de la grabación, era que el texto llegara a los cardenales en vísperas de un probable Cónclave, para informar sobre las irregularidades de Prevost en la gestión de denuncias por abusos sexuales en Chiclayo. Infovaticana ha verificado la autenticidad del audio y contrastado su contenido con fuentes independientes.

La confirmación de que SNAP fue el origen del informe no deja margen para interpretaciones: la denuncia sobre la gestión de Prevost partió de una organización internacional de víctimas con larga trayectoria en la defensa de personas abusadas por clérigos, sin relación alguna con el Sodalicio de Vida Cristiana ni con ningún grupo conservador dentro de la Iglesia. Fundada en Estados Unidos en los años noventa, SNAP ha sido una de las principales plataformas de denuncia de encubrimientos y negligencias episcopales en el mundo, y su independencia respecto a cualquier corriente ideológica está fuera de duda. Resulta difícil imaginar entidad más ajena a la llamada “ultraderecha eclesial” con la que se intentó vincular esta historia.

A las pruebas documentales se suman otros elementos que refuerzan la conclusión de que la tesis del “bulo del Sodalicio” carece de fundamento. Ninguno de los medios que la difundieron ha presentado evidencia alguna que vincule al Sodalicio con la elaboración o difusión del informe. Todo fue mera especulación amplificada en redacciones que, sin verificar los hechos, repitieron la misma consigna: “todo es un montaje de la ultraderecha”. SNAP lo envió al Vaticano. No fue el Sodalicio. No hay duda posible.

Ahora que se conoce el verdadero origen del informe —una organización de víctimas con independencia y reputación reconocidas—, cabe preguntarse por qué se difundió semejante mentira con tanta insistencia. ¿Por qué desviar la atención de un posible caso de negligencia en la gestión de abusos hacia una institución que no tuvo participación alguna? ¿Fue una estrategia comunicativa fallida o un intento deliberado de desacreditar a quienes pedían transparencia? En Religión Digital, por ejemplo, algunos de sus responsables se han jactado públicamente de haber impulsado esa narrativa. Hoy, con los hechos sobre la mesa, convendría preguntarse si sostendrán que SNAP forma parte de una conspiración o si reconocerán que, en periodismo, la verificación siempre vale más que la consigna.

La transparencia no debería tener ideología. Y el derecho de las víctimas a ser escuchadas, tampoco.

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