El Senado uruguayo aprobó el 15 de octubre de 2025 la ley conocida como “Muerte Digna”, que habilita la eutanasia para mayores de 18 años que padezcan enfermedades crónicas, incurables e irreversibles, acompañadas de sufrimientos considerados insoportables. La iniciativa obtuvo 20 votos a favor y 11 en contra, convirtiéndose así en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia por vía parlamentaria.
La voz de la Iglesia frente a la ley de la muerte
La Conferencia Episcopal Uruguaya reaccionó de inmediato con un comunicado en el que denunció que la norma no es un gesto de compasión, sino una claudicación frente a la cultura de la muerte. Los obispos recordaron que el país ya soporta una de las tasas de suicidio más altas de la región y graves carencias en materia de salud mental, por lo que aprobar una ley que normaliza la eliminación de la vida humana en nombre de la “dignidad” resulta, en sus palabras, una contradicción dramática.
“Cada vida humana aparece ante nosotros como algo único, irrepetible e insustituible”, señalaron, advirtiendo que la dignidad no depende del estado de salud, de la edad ni de la condición social. Frente al argumento político de la “muerte digna”, los prelados subrayaron con firmeza: “Morir con dignidad significa morir sin dolor o sufrimientos mal controlados; morir a su tiempo natural, sin que se acorte o posponga de forma innecesaria la vida; morir rodeado de los seres queridos, con libertad para hablar de lo que se está viviendo”.
Una contradicción moral y social
En su mensaje, la Iglesia uruguaya recordó que promover la eutanasia es naturalizar la búsqueda de la muerte como salida a situaciones de vida que podrían ser acompañadas de otro modo. Lo urgente, insisten, no es abrir la puerta a matar al enfermo, sino garantizar cuidados paliativos de calidad, atención médica adecuada y asistencia espiritual que acompañe al hombre en el tránsito final de la vida.
Los obispos aseguraron que seguirán trabajando por “el cuidado de la vida y de la dignidad de cada persona”, apoyados en la Constitución y en los tratados internacionales que amparan el derecho a la vida como principio fundamental.
El desafío de los católicos
Más allá de la votación parlamentaria, la aprobación de esta ley marca un hito oscuro en el continente. Mientras se habla de libertad y autonomía, la Iglesia recuerda que la vida no es una carga de la que se pueda disponer a voluntad, sino un don sagrado que debe ser protegido hasta el final. Los obispos invitaron a los fieles a no caer en la desesperanza, y a ver incluso en los momentos más dolorosos una oportunidad para descubrir el sentido trascendente y profundo de la existencia.
Con esta ley, Uruguay se coloca a la vanguardia de la cultura de la muerte en Latinoamérica. La respuesta de los obispos, clara y sin rodeos, ha sido reafirmar que la verdadera dignidad no consiste en acelerar la muerte, sino en vivir acompañados, cuidados y sostenidos por la esperanza cristiana.
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