Libero Milone, el primer auditor general del Vaticano, ha decidido no rendirse en la larga batalla judicial que arrastra desde su abrupta dimisión en 2017. Después de que su demanda por despido injusto fuera rechazada en 2024, con la obligación de pagar 113.000 euros en costas, y de que la apelación tampoco prosperara el pasado mes de julio, el exauditor ha llevado ahora su caso al Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de la Ciudad del Vaticano.
Milone sostiene que su salida no fue un hecho aislado ni personal, sino parte de un movimiento mucho más amplio para frenar cualquier intento de saneamiento financiero en la Santa Sede.
Un despido rodeado de acusaciones y sospechas
La reclamación judicial de Milone asciende a 9,3 millones de euros. El exauditor alega que tanto él como su adjunto, Ferruccio Panicco —fallecido tras años de lucha judicial—, fueron forzados a renunciar después de descubrir serias irregularidades económicas en las finanzas vaticanas.
La Santa Sede defendió entonces que Milone había actuado como un “espía”, asegurando contar con pruebas irrefutables. Sin embargo, esas pruebas nunca se han presentado. Un documento interno que explicaría oficialmente los motivos de su expulsión tampoco ha sido mostrado ni a Milone ni a su equipo. “El Vaticano no entendió que yo solo estaba auditando”, recordó el exauditor, citando palabras del cardenal George Pell, también marginado en aquella misma época.
Becciu y Giani, señalados pero sin ser procesados
El núcleo del enfrentamiento judicial se centra en a quién debía dirigir Milone su demanda. Los jueces vaticanos sostienen que debía haberla interpuesto contra el entonces sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal Angelo Becciu, y contra Domenico Giani, jefe de la Gendarmería Vaticana, ambos responsables de la redada que precipitó su renuncia.
Milone, sin embargo, lo considera un sinsentido. Afirma que no se trató de una decisión personal de esos hombres, sino de una orden institucional. Becciu, dice, actuó amparado en el poder inherente a su cargo. Además, sus abogados recuerdan que la legislación aplicable al Vaticano obliga a dirigir las demandas contra la Secretaría de Estado como organismo empleador, y no contra individuos concretos.
Un proceso marcado por trabas y silencios
El exauditor denuncia que durante el proceso se han producido decisiones judiciales que impidieron defenderse con plenitud. Los jueces llegaron a exigir la eliminación de veinte páginas de su defensa que describían el trabajo de auditoría realizado, argumentando que resultaban “ofensivas” para la alta dirección vaticana. También se prohibió la comparecencia de testigos que podían haber respaldado su versión.
“Es absurdo que se obligue a un demandante a retirar las pruebas que justifican su acusación”, señaló Milone, calificando la situación de escandalosa. A su juicio, un tribunal no puede convertirse en un muro de protección de las altas esferas, sino que debería ser un ejemplo de transparencia y justicia.
El eco del cardenal Pell y un sistema cerrado
El exauditor no duda en comparar su caso con el del cardenal George Pell, el purpurado australiano que también fue apartado de su misión de reforma financiera. Ambos, recuerda, fueron desplazados casi al mismo tiempo, lo que él interpreta como parte de un sistema diseñado para blindar los privilegios y mantener la opacidad: un “sistema orwelliano de protección del poder dentro del Vaticano”.
Milone afirma que su motivación no es únicamente limpiar su nombre, sino completar la tarea que asumió como primer auditor general de la Santa Sede, un trabajo que considera un deber ético frente a los fieles católicos. Advierte además que mientras no se resuelva su caso será imposible atraer a un auditor independiente y competente: ningún profesional serio querrá comprometer su reputación en un ambiente tan hostil y falto de garantías.
La batalla continúa
A pesar de todos los reveses, Milone no renuncia a la esperanza de que se haga justicia. Ha solicitado además una audiencia privada con el Papa León XIV para explicarle personalmente la situación y advertirle sobre la grave crisis financiera que, según él, persiste en el Vaticano más allá de los mensajes oficiales de tranquilidad.
“Creo firmemente que el sistema de justicia debe ser respetado, incluso cuando parece desviarse. Por eso es esencial completar todo el proceso”, declaró. Su determinación apunta a que, sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo vaticano, su lucha está lejos de concluir.
Fuente: National Catholic Register
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