El 1 de octubre de 2025, el diario El País publicó un artículo sobre el actual Papa, León XIV (Robert Prevost), en el que se utilizaban declaraciones de una víctima de abusos que acreditarían una suerte de conspiración contra el prelado. Sin embargo, lo que la víctima del sacerdote de Chiclayo «Lute» en realidad expresó en una entrevista de dos horas no coincide con lo que apareció en el medio. La propia afectada, Ana María Quispe Díaz, presentó el 7 de octubre un escrito ejerciendo su derecho de rectificación, que obliga a los periódicos a publicar la réplica en el mismo espacio y con la misma relevancia que la información original. El País, transcurrido el plazo legal de tres días, no lo ha hecho.
El documento de rectificación es explícito: “La información presentada por el diario El País el pasado 1 de octubre del 2025 en dos noticias, es engañosa y no refleja lo expresado en las dos horas de entrevista que me realizó la periodista Paola Nagovitch”. El País utilizó frases como que “Prevost sufrió una campaña de desprestigio que explica ahora la propia víctima”. Sin embargo, lo que realmente declaró la víctima a la entrevistadora fue muy diferente: “Tristemente, Robert Prevost no actuó bien en nuestro caso”. Esta alteración del testimonio no puede explicarse como un error menor: invierte el sentido de lo dicho y elimina las críticas a la gestión de abusos que, según la rectificación, “tuvo muchas deficiencias que deben aclararse”.
Resulta difícil de entender cómo un medio de referencia entrevista durante dos horas a una víctima de abusos sexuales —en un caso además tramitado con graves irregularidades— para luego publicar una versión manipulada y omitir la rectificación que la ley exige. El incumplimiento no solo afecta a las víctimas, que quedan nuevamente expuestas, sino que supone una vulneración del marco legal y de los principios más elementales deontológicos del periodismo.
El asunto tiene más derivadas. Infovaticana ha tenido acceso a la grabación completa de la entrevista realizada por Paola Nagovitch, que muestra con claridad la distancia entre lo publicado y lo dicho. Además, Vida Nueva Digital llegó a replicar la versión de El País en un artículo que posteriormente retiró, un gesto significativo que revela la dificultad de sostener aquella narrativa.
Ante la gravedad de lo ocurrido, las víctimas han anunciado que presentarán tanto acciones legales en el juzgado para que se cumpla el derecho de rectificación, además, remitirán la grabación íntegra de la entrevista como lo publicado por El País al Comité de Deontología de la FAPE, para que evalúe el proceder del diario y su periodista. No se trata de una controversia menor: está en juego la obligación de los medios de informar con rigor, respetar el derecho de rectificación y no utilizar testimonios de abusos sexuales como herramienta para proteger la imagen de miembros de la jerarquía eclesiástica por intereses políticos.
Las víctimas han insistido en que no buscan que su caso quede en el olvido ni formar parte de ninguna agenda política. Su demanda es sencilla: que se haga justicia, que se les repare y que su imagen no quede distorsionada por campañas ajenas a sus intereses. Por ello han pedido que no se conceda la gracia de la dispensa para evitar la investigación, han solicitado acceso al expediente completo, la práctica de pruebas y la garantía de un proceso justo y transparente. Nada más, nada menos. El País, al manipular el testimonio de una víctima de abusos para eximir a Prevost de sus errores en el Caso Lute, ha desviado el foco de lo esencial: que las víctimas sean escuchadas en sus propios términos y que se respeten sus derechos.