Denuncian que la instrucción eclesiástica sobre los abusos del padre Eleuterio Vásquez nunca practicó las diligencias más básicas. Reclaman al Dicasterio para la Doctrina de la Fe una investigación real que repare años de silencio y negligencia.

Tres víctimas del sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido en Chiclayo como el padre Lute, han elevado en la petición al Dicasterio para la Doctrina de la Fe no solo acceso a la documentación que les llevan ocultando tres años, sino que se realicen las diligencias de investigación más elementales que la Iglesia nunca practicó.

El escrito, firmado por Ana María Quispe Díaz y otras dos víctimas, junto al abogado Javier Tebas Llanas, fue remitido al arzobispo Charles J. Scicluna, secretario adjunto del Dicasterio, con copia al obispo de Chiclayo, mons. Edinson Farfán Córdova, y al instructor delegado Rvdmo. P. Giampiero Gambaro.

Un error que debe subsanarse, no encubrirse

Las denunciantes recuerdan que parte de los abusos más graves denunciados ocurrieron en la capilla de Cueva Blanca, donde varias menores fueron trasladadas por el sacerdote bajo el pretexto de actividades «misioneras» que no eran tales. Una vez en el poblado, alejado a seis horas del domicilio de las menores, Lute pernoctaba a solas con las niñas en una pequeña estancia donde abusó de ellas. Había más adultos involucrados y múltiples testigos del proceder de este sacerdote diocesano. A pesar de la gravedad de los hechos, la investigación eclesiástica omitió las pruebas más evidentes y nunca reconstruyó los hechos ni buscó o escuchó a los testigos presenciales.

“No se trata de nuevas exigencias, sino de diligencias que debieron practicarse desde el primer día”, señalan fuentes próximas a las víctimas. “El error no está en pedir más, sino en haber hecho menos de lo mínimo”.

La carta enviada al Vaticano detalla las diligencias que deberían haberse realizado y que ahora se reclaman con carácter urgente:

• La elaboración de un listado completo de personas vinculadas a la gestión y actividades pastorales de la capilla de Cueva Blanca, incluyendo sacerdotes, catequistas, personal logístico, conductores y fieles laicos.
• La identificación y declaración del adulto que pernoctó en el vehículo durante los abusos sufridos por la primera víctima, descrito como un varón de edad avanzada, activo en la parroquia de La Victoria y colaborador cercano del acusado.
• La localización del catequista presente durante los abusos a la segunda víctima que también habría pernoctado en el vehículo, descrito como “moreno, delgado y de menor estatura que Eleuterio”, que ayudaba en Misa y participaba asiduamente en actividades en todos los poblados de la zona.
• El interrogatorio de testigos y feligreses del poblado de Cueva Blanca que puedan aportar información sobre el comportamiento habitual del sacerdote.

Estas actuaciones, explican, son “cruciales para esclarecer los hechos y romper el silencio que durante años ha protegido la impunidad«. Consideran inexplicable que, después de más de tres años de tramitación, ninguna de estas pruebas básicas haya sido siquiera intentada.

La obligación moral de buscar la verdad

El documento también pone el foco en la falta de transparencia institucional y en la necesidad de corregir los errores cometidos por las autoridades eclesiásticas que instruyeron el caso bajo la dirección de mons. Robert Prevost, hoy León XIV. “No se puede hablar de justicia si se archivan causas sin investigar”, subrayan las víctimas.

Para ellas, la omisión de pruebas esenciales no puede justificarse como un descuido administrativo ni resolverse con comunicados formales. “La Iglesia tiene la obligación moral de hacer lo que no hizo cuando debía: buscar la verdad, aunque incomode”.

Dudas sobre la capacidad procesal de un implicado

Además, las víctimas solicitan que se incorpore al expediente la documentación clínica del sacerdote Ricardo Yesquén para esclarecer si realmente estaba en condiciones de ejercer su derecho de defensa en 2020 y si actualmente mantiene esa capacidad. Piden expresamente:

• Un parte médico de 2020 que acredite su eventual incapacidad (si existiera).
• Un parte médico actualizado que determine su situación actual.

Esta documentación, sostienen, es necesaria “para evitar que se manipulen las garantías procesales y ante la sospecha de que se invoquen incapacidades inexistentes como excusa para frenar la verdad. Se ha comprobado que el sacerdote Yesquén, que no fue investigado en 2020 ni en 2022, ha ejercido públicamente el ministerio sacerdotal al menos hasta 2023, a pesar de que se les trasladaba a las víctimas que no se le investigaba por una supuesta incapacidad médica.

Las firmantes concluyen su carta con un llamamiento directo a Roma: “Conscientes de la gravedad de los hechos denunciados y de la necesidad de que la Iglesia actúe con verdad, justicia y caridad hacia quienes hemos sufrido estos abusos, solicitamos que nuestra petición sea atendida con la mayor diligencia posible”.