El largo proceso eclesiástico por los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como padre Lute, en la diócesis peruana de Chiclayo, ha entrado en una nueva fase. Tras más de tres años sin recibir información oficial, las víctimas han presentado una solicitud formal para acceder al expediente canónico completo del caso.
La carta, fechada el 3 de octubre de 2025 y firmada también por el abogado de las denunciantes, fue dirigida a mons. Charles Jude Scicluna, secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Se remitió además con copia al obispo de Chiclayo, mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, y al último instructor, Giampiero Gambaro. En ella se invoca expresamente el derecho de las víctimas a “conocer el estado real del proceso y ejercer sus derechos con la información debida”.
Tres años sin acceso a documentos esenciales
En el escrito, Ana María Quispe y las otras dos denunciantes sostienen que no han recibido ninguna copia de los documentos fundamentales del proceso canónico, ni siquiera de sus propias declaraciones, que fueron tomadas por el delegado diocesano Oswaldo Clavo en diciembre de 2023.
Cabe recordar que en la etapa inicial, en 2022, el entonces obispo de Chiclayo, mons. Robert Prevost, no tomó declaración formal a las víctimas. Por ello, consideran imprescindible conocer cómo se registraron y tramitaron sus relatos ante la Iglesia, más allá de la denuncia policial que dio origen al caso. Según explican, solo revisando la documentación interna se podrá verificar si la información se presentó de manera completa y coherente. Resulta especialmente difícil —afirman— comprender cómo hechos como el traslado de menores a una instalación parroquial aislada para pernoctar a solas con el sacerdote no motivaron una suspensión inmediata.
Documentación básica para garantizar transparencia
La solicitud enumera de forma precisa los documentos que reclaman:
- El decreto de medidas cautelares firmado por mons. Prevost en mayo de 2022.
- El escrito de elevación del expediente al Vaticano de ese mismo año.
- El documento que acompañó la remisión del archivo civil por prescripción (febrero de 2023).
- El decreto de archivo pro nunc emitido por la Doctrina de la Fe el 10 de agosto de 2023.
- Las declaraciones tomadas por Oswaldo Clavo en diciembre de 2023 tras la reapertura del caso.
- El escrito de segunda elevación del expediente a Roma, fechado el 26 de enero de 2024.
Acceder a estos textos —sostienen— es imprescindible para “conocer con precisión el estado procesal de la causa, garantizar la transparencia y ejercer sus derechos con la información debida”. Su entrega permitiría por primera vez que el equipo jurídico de la asociación Ius Canon, que representa a las denunciantes, pueda reconstruir de forma verificable todo lo ocurrido durante estos tres años de tramitación eclesiástica. Las víctimas subrayan su derecho a contrastar si, como han afirmado algunos medios y la biografía-entrevista del Papa publicada por Elise Allen, la gestión del caso fue realmente “impecable”.
Segundo intento ante el Vaticano
No es la primera vez que las víctimas intentan acceder a estos documentos. En junio y julio de 2024 ya presentaron solicitudes similares tanto ante la diócesis de Chiclayo como directamente en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Por alguna razón, Charles J. Scicluna metió las solicitud de las víctimas (formalmente presentada con sello de entrada) en el cajón del olvido, del que no han salido en más de un año. Por una cuestión de transparencia habría que explicar el motivo.
Con este nuevo escrito, las denunciantes buscan que la autoridad vaticana supervise la gestión del expediente iniciado en 2022 y asegure que puedan conocer cómo se ha tramitado su causa. A su juicio, todo el procedimiento ha estado marcado por opacidad y ausencia de información básica, una situación que esperan revertir con la intervención directa de Roma.
Una maniobra polémica para cerrar el caso
El debate se ha intensificado en los últimos días por lo que las denunciantes califican como un intento de “cerrar en falso” el expediente: la concesión “trampa” de la gracia de la dispensa del estado clerical al acusado. Según denuncian, esta salida —impulsada con el respaldo de algunos cargos eclesiales de relevancia— permitiría clausurar la causa sin esclarecer plenamente las responsabilidades ni garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la documentación íntegra del proceso. Para ellas, una medida de este tipo no puede sustituir a un examen transparente del expediente ni a las sanciones que, en su caso, correspondan.