La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha urgido a la Comisión Europea a restablecer el cargo de Enviado Especial para la libertad de religión o creencias fuera de la Unión.
El puesto, creado en 2016 como instrumento diplomático para dar voz a las comunidades perseguidas, ha sido fundamental en la denuncia y supervisión de violaciones a este derecho humano en el mundo. En su declaración, los obispos lamentan que el cargo permanezca vacante desde hace meses y advierten que esta omisión transmite una señal de indiferencia hacia millones de creyentes que sufren ataques y discriminación por su fe, especialmente comunidades cristianas que padecen una persecución sistemática en África, Oriente Medio y Asia.
Un derecho fundamental olvidado por Bruselas
La COMECE recuerda que la libertad de pensamiento, conciencia y religión está consagrada en el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constituye una piedra angular de la dignidad humana. Sin embargo, este principio continúa siendo atacado en muchas regiones, donde las minorías religiosas son tratadas como ciudadanos de segunda y viven bajo amenaza permanente. Para los prelados, dejar vacante un cargo creado precisamente para defender esta causa debilita la credibilidad de Bruselas y contradice su proclamado compromiso con los derechos humanos.
La cronología del cargo y su falta de continuidad
El puesto fue ocupado por primera vez en 2016 por el eslovaco Jan Figel, quien ejerció hasta 2019. Tras un largo vacío, en mayo de 2021 la Comisión Europea nombró al chipriota Christos Stylianides, pero su gestión terminó a los pocos meses al aceptar otra responsabilidad política. Desde entonces, el cargo volvió a quedar desierto, lo que refleja, según denuncian los obispos, una preocupante falta de prioridad para la Unión en un momento en que la defensa de la libertad religiosa resulta más urgente que nunca.
Un llamado urgente a la acción
Ante este panorama, los obispos europeos reclaman a la Comisión Europea que nombre de inmediato a un nuevo Enviado Especial, refuerce su mandato y le asigne los recursos necesarios para actuar con eficacia. Insisten en que no se trata de un gesto simbólico, sino de una obligación moral y política de la Unión Europea, fundada sobre los valores de la dignidad humana y la libertad. La Iglesia, aseguran, está dispuesta a colaborar en esta tarea dentro del marco del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Entre agendas ideológicas y cristianos perseguidos
El llamamiento de la COMECE pone de relieve un contraste incómodo: mientras Bruselas impulsa con determinación políticas progresistas en materia de género y aborto, descuida la defensa de la fe y de los cristianos perseguidos, que continúan siendo la minoría religiosa más acosada del planeta. Para los obispos, relegar esta causa esencial es traicionar la identidad europea y abandonar a quienes más necesitan protección.