El gobernador de California (Estados Unidos), Gavin Newsom, firmó el 26 de septiembre la ley AB-260, que permite prescribir y dispensar píldoras abortivas sin identificar al paciente, al médico que receta ni a la farmacia que entrega el fármaco. La norma, de aplicación inmediata, blinda a médicos y farmacéuticos frente a sanciones legales y prohíbe compartir información con autoridades de otros estados donde el aborto está restringido. Se trata de un paso inédito incluso en Estados Unidos, que consolida a California como el estado más radical en la promoción del aborto.
Un aborto sin rostro ni responsabilidad
La AB-260 convierte el aborto químico en un proceso despersonalizado, sin control ni responsabilidad. En lugar de garantizar seguridad a las mujeres, la ley oculta la identidad de los profesionales implicados y convierte un «acto médico controlado» en un trámite administrativo sin garantías. Expertos alertan de que la anonimidad impide la rendición de cuentas en casos de complicaciones graves, que no son infrecuentes en los abortos químicos. El bioeticista padre Tadeusz Pacholczyk advirtió que esta medida reduce la llamada “elección informada” a una ficción legal, desprotegiendo tanto la salud de la mujer como el derecho a conocer la verdad de lo que se le administra.
Riesgo de abusos y explotación
La crítica no se limita a la falta de seguridad médica. Organizaciones provida como Students for Life of America denuncian que la opacidad legal facilita la explotación de mujeres vulnerables. En contextos de violencia doméstica o de trata de personas, el aborto anónimo puede ser usado como herramienta de control, eliminando cualquier rastro de los responsables. Bajo el pretexto de proteger a la mujer, la ley abre la puerta a un mercado clandestino legitimado por el Estado, donde la vida del hijo por nacer se destruye sin que nadie asuma la responsabilidad moral ni jurídica.
California y España: dos caras de la misma agenda
Lo ocurrido en California encuentra un inquietante paralelismo con las propuestas recientes del Gobierno de Pedro Sánchez en España, que ha convertido el aborto en eje de su agenda social. La reforma de la ley de 2010, aprobada en 2023, eliminó el requisito de consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consolidó la práctica del aborto como un “derecho” garantizado dentro del sistema nacional de salud. Además, el Ejecutivo ha impulsado iniciativas para blindar legalmente a las clínicas abortistas, anunciando incluso su protección a nivel constitucional.
Aunque el marco jurídico español exige todavía la identificación de médicos y pacientes, la lógica de fondo es la misma que en California: reducir el aborto a un servicio de consumo, desvinculado de toda responsabilidad moral y desprovisto de garantías reales para la mujer. Ambos casos muestran cómo la ideología dominante busca imponer el aborto no solo como legal, sino como incuestionable, rodeándolo de medidas que oscurecen la verdad, silencian a los objetores y eliminan cualquier traza de control social.
La extensión de la cultura de la muerte
California, con la AB-260, ofrece una imagen extrema de lo que significa normalizar el aborto como política pública: despersonalizarlo, blindarlo frente a críticas y hacerlo invisible a la justicia. España, por su parte, avanza en la misma dirección, bajo un lenguaje de “derechos” que encubre la destrucción de vidas humanas inocentes. En ambos contextos, la lógica es idéntica: el aborto no se presenta como un drama, sino como un procedimiento administrativo o farmacológico al que se despoja de toda humanidad.