Las víctimas del sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como Lute, han pedido formalmente al Papa León XIV que no conceda la gracia de la dispensa del estado clerical solicitada por el acusado. En una carta enviada directamente al Santo Padre, las denunciantes advierten que aceptar esa petición equivaldría a cerrar en falso el proceso canónico pendiente en la Diócesis de Chiclayo, privándolas de verdad, justicia y reparación.
“Deseamos expresar con respeto —se lee en la misiva— que dicho sacerdote se encuentra implicado en un proceso de investigación por abusos sexuales que, hasta el momento, no ha sido investigado ni concluido de manera justa para con las víctimas. Por ello, rogamos que esta gracia no sea concedida hasta que el proceso pueda ser llevado a término en justicia y verdad”.
La carta, firmada por Ana María Quispe Díaz y otras dos víctimas, fue remitida también al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, competente en materia de delitos reservados.
Una solicitud que las víctimas consideran una maniobra para evitar el juicio
Las denunciantes sostienen que la petición de dispensa presentada por el sacerdote no es un acto de arrepentimiento, sino una estrategia para evitar el juicio eclesiástico y el pronunciamiento de una sentencia. Según los informes remitidos a Roma, conceder la dispensa en este contexto supondría “extinguir la causa sin resolverla”, impidiendo cualquier investigación o resolución de fondo.
El equipo jurídico que acompaña a las víctimas recuerda que la gracia de la dispensa del estado clerical es un reconocimiento a la coherencia de un sacerdote que por motivos legítimos no quiere continuar con las obligaciones que exige su ministerio sacerdotal, por lo que no procede tramitar esa gracia mientras exista un proceso penal en curso, precisamente para evitar que los acusados escapen de su responsabilidad ante la justicia eclesial.
El papel de Ius Canon y del informe internacional
El acompañamiento legal y canónico a las denunciantes se realiza a través de la asociación Ius Canon, dedicada a promover la transparencia y la correcta aplicación del Derecho Canónico en los procedimientos internos de la Iglesia.
La asociación ha facilitado a las víctimas un estudio jurídico internacional con sede en Madrid y presencia en España y América Latina, que ha analizado en un extenso informe la cronología del caso y la actuación de las autoridades eclesiásticas desde 2004 hasta la actualidad.
El estudio, entre otras cuestiones, concluye que admitir la dispensa solicitada por el sacerdote “contravendría los principios de la gracia de la dispensa y equivaldría a clausurar la causa de modo irregular, generando una apariencia de impunidad y frustrando el derecho de las víctimas a una investigación efectiva”.
Javier Tebas Llanas, abogado responsable, declara:
«Hemos analizado en detalle toda la información disponible. A raíz de ello se ha realizado un informe exhaustivo que evidencia que faltan tanto documentos como pruebas por practicar. Las víctimas han pedido cuestiones muy básicas, lo mínimo esperable en cualquier ordenamiento jurídico que hasta ahora no han tenido»