El Banco de España ha dibujado el futuro de nuestra nación en términos que hielan la sangre: si queremos mantener en pie el sistema de pensiones y el mercado laboral, será necesario incorporar casi 25 millones de inmigrantes de aquí a 2053 —lo que supondría más de la mitad de la población actual—. El dato fue analizado en el programa de Mediodía COPE. Pero no se habló de incentivar la natalidad, ni de defender la familia, ni de apostar por una cultura de la vida. La solución que se ofrece es simple y devastadora: sustituir a los españoles que no nacen por extranjeros que ocupen su lugar.
https://x.com/ecclesiacope/status/1973733461354578113?s=48
Una visión que renuncia a nuestra identidad
Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, explicó en su intervención radiofónica lo que para muchos se ha convertido en un dogma tecnocrático: España envejece, los baby boomers se jubilan, no hay nacimientos y los trabajos precarios sólo los aceptan los inmigrantes —como si el resto de trabajos que los españoles sí están dispuestos a hacer no lo fueran—. Por tanto —dicen los expertos— la única salida es importar millones de personas.
El Banco de España habla en cifras que sólo son comprensibles desde una idea de desaparición del pueblo español. Este enfoque vacía de valor nuestra identidad nacional y cultural. Reduce la vida de un pueblo a una estadística de mercado, en la que lo importante no son los hijos propios, sino las manos extranjeras que aseguren que la maquinaria económica siga funcionando. Y mientras tanto, se perpetúa el silencio sobre lo esencial: la natalidad más baja de Europa, la precariedad de la maternidad, el abandono de las familias y la cultura de la muerte que impregna nuestras leyes y nuestras costumbres.
Ya teníamos a Felipe VI hace unos días en la ONU comprometiendo a España como «referente global en temas como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos», y además, agregó sobre el tema de migración:
«Creemos que la inmigración, adecuadamente gestionada, es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino, y que los Derechos Humanos de los migrantes deben ser, en consecuencia, la referencia principal de nuestra acción».
Lo que se nos propone entonces es renunciar a nuestra continuidad y aceptar como inevitable un plan de sustitución demográfica que firmaría George Soros o el agendismo más radical.
La Iglesia que acoge
Mientras el Congreso avanza en la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular que busca regularizar a 500.000 inmigrantes, la Conferencia Episcopal Española, junto a Cáritas, CONFER y otras entidades, celebran el apoyo parlamentario. Este respaldo público muestra cómo una parte significativa de la Iglesia institucional en España ha asumido como propia la agenda de regularización, mientras se mantiene un silencio clamoroso sobre el drama de la natalidad y el abandono de la familia.
En paralelo, el Papa León XIV recordaba en su mensaje para la 111.ª jornada mundial del migrante y del refugiado 2025 —que por cierto, se celebrará este 4 y 5 de octubre— que “las comunidades que acogen migrantes y refugiados pueden ser testimonio vivo de una sociedad en la que se reconoce a todos la dignidad de hijos de Dios, en la que todos son hermanos y hermanas, parte de una única familia”. Y es cierto: la caridad cristiana exige acoger y acompañar, pero la acogida no puede confundirse con la sustitución programada de un pueblo que renuncia a engendrar hijos. El Evangelio no manda desmantelar la propia casa, sino construirla sobre roca. Un país que abdica de la vida y entrega su futuro a cálculos tecnocráticos no está practicando la caridad, sino cavando su propia tumba.
Si faltan 25 millones de españoles, la respuesta lógica debería ser: recuperar las familias numerosas, abrirnos a la vida, mantener el hilo generacional que heredamos de nuestros abuelos. Cabe entonces preguntarse si cuando uno es ya sustituido la palabra es acoger o desmantelar.