Vecinos de Chueca denuncian caos en San Antón: drogas y peleas en la parroquia del Padre Ángel

Vecinos de Chueca denuncian caos en San Antón: drogas y peleas en la parroquia del Padre Ángel
El sacerdote asturiano Ángel García Rodríguez, conocido como el Padre Ángel, fundó en 1962 la ONG Mensajeros de la Paz y desde entonces ha gozado de gran proyección mediática en España por sus iniciativas solidarias. En 2015 recibió del entonces cardenal arzobispo Carlos Osoro la cesión de la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, para convertirla en un templo “con las puertas abiertas” a los pobres, inspirándose en el llamamiento del Papa Francisco. El proyecto ofrecía desayunos, comida, wifi, ropa y acompañamiento psicológico a personas sin hogar. Sin embargo, tras una década, vecinos y comerciantes del barrio de Chueca denuncian que el entorno de la parroquia se ha transformado en un foco de delincuencia e inseguridad.

Vecinos: “Esto se ha convertido en una anarcoiglesia”

De acuerdo con el reportaje de El Mundo del 30 de septiembre de 2025, los residentes hablan de peleas diarias, trapicheo de drogas, robos, amenazas y escenas sexuales en plena vía pública. Algunos vecinos, que prefieren el anonimato por temor a represalias, aseguran haber sido increpados o incluso amenazados con armas blancas. “Esto no es una iglesia, sino una anarcoiglesia”, declaró el portero de un bloque al mismo diario.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, Esteban Nieto, explicó a El Mundo que el servicio genera un “efecto llamada” que agrava la situación, pues muchas de las personas atendidas sufren drogadicción o trastornos psiquiátricos sin contar con una atención especializada. “Esto no es un proyecto de ayuda; es un foco de problemas”, lamentó.

El Padre Ángel: “No es la selva, hay que mimarles”

El sacerdote defendió su labor en declaraciones, asegurando que la parroquia es “una balsa de aceite” y que los pobres “son unos santos”. Admitió, no obstante, que puede haber incidentes puntuales, pero “como en cualquier barrio de Madrid”. Un días después, entrevistado de nuevo por el mismo diario, matizó: “Aquí no hay tiros ni navajazos”.

Según sus cifras, entre 300 y 400 personas acuden cada día a por café y bocadillos, muchos derivados por Cruz Roja, Samur Social o el propio Ayuntamiento. “La pobreza se ha triplicado. Si antes dábamos 150 desayunos, ahora son 300”, declaró.

La solución improvisada: eliminar las comidas del mediodía

La polémica, que se disparó tras las denuncias publicadas por El Mundo, obligó al sacerdote a reaccionar con medidas inmediatas. Tal como confirmó él mismo un día después, decidió suprimir el reparto de comidas al mediodía y entregar el bocadillo junto con el desayuno. La idea es evitar que las personas permanezcan en el entorno de la calle Hortaleza durante más horas y reducir los conflictos.

Ese mismo día, se intensificó la limpieza del entorno de la parroquia y se advirtió a los usuarios de que no podían quedarse en la puerta tras recibir el desayuno, bajo pena de perder el café de media mañana.

Ayuntamiento y Arzobispado, en el punto de mira

Los vecinos exigen que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Arzobispado dejen de “lavarse las manos” y tomen medidas. Consideran que la parroquia está incumpliendo normativas urbanísticas y de conservación patrimonial, pues el templo está protegido como Bien de Interés Cultural pero ha sido alterado con despensas, comedores improvisados y hasta televisores.

El obispo auxiliar Vicente Martín se reunió el 18 de septiembre con residentes, mostrando su deseo de entendimiento, pero la archidiócesis mantiene que la gestión de San Antón corresponde al Padre Ángel.

Una solución provisional con interrogantes

La supresión de las comidas busca calmar los ánimos del vecindario, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de una atención profesional y estructurada a personas que, en muchos casos, padecen graves adicciones y enfermedades mentales. El Padre Ángel insiste en que no cerrará las puertas de San Antón. Los vecinos, por su parte, temen que la medida sea insuficiente y reclaman una respuesta firme de las autoridades civiles y eclesiásticas.

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