La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dejó visto para sentencia el juicio en el que la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el padre Custodio Ballester, acusado de delito de odio por sus manifestaciones críticas hacia el islam. También se pide la misma pena para el sacerdote Jesús Calvo y cuatro años para Armando Robles, director de Alerta Digital, junto al cierre del portal, según informó Europa Press.
El ministerio público sostiene que artículos y programas difundidos entre 2016 y 2017 constituyen incitación al odio contra migrantes y musulmanes. La acusación particular, ejercida por la asociación Musulmanes contra la Islamofobia, insiste en que los mensajes “demonizan a todo un colectivo” y generan hostilidad.
Custodio Ballester: “Estoy tranquilo; he dicho lo que tenía que decir”
Al salir de la sala, el P. Custodio compareció ante los medios con serenidad:
“Esto es una especie de examen final. Ha habido un tribunal, un examen oral, y entonces estoy esperando la nota. He respondido lo que tenía que responder. Por lo tanto, estoy tranquilo.”
El sacerdote recordó que sus palabras se dieron en un contexto concreto, en una entrevista donde se abordaba el tema del yihadismo en Cataluña, tal como recogieron las transcripciones policiales. “No me arrepiento”, insistió.
En tono irónico, el P. Custodio denunció la desproporción de la acusación:
“Si estuviéramos en Afganistán o Pakistán, la Fiscalía me habría pedido la pena de muerte. Aquí en España, gracias a Dios, me han pedido tres años; pues entonces yo se lo agradezco verdaderamente.”
Para él, lo que está en juego es la libertad de expresión:
“Esto que llaman delito de odio está llevando a la autocensura, para que solo salga el discurso oficial. Parece que hay un relato que todos tenemos que repetir como papagayos. Hay libertad de pensar: vosotros y yo también.”
Un proceso que cuestiona la libertad de expresión
La Fiscalía sostiene que los contenidos, lejos de la crítica legítima, “exceden la libertad de expresión”. Sin embargo, las defensas recuerdan que las declaraciones estaban dirigidas al yihadismo radical y a la inmigración ilegal, no a todos los musulmanes, y hablan de un “juicio político”.
Las peticiones de prisión se basan en la aplicación del artículo 510 del Código Penal, que tipifica como delito la incitación al odio. Un precepto cada vez más usado en España contra voces críticas y que, según juristas, se está convirtiendo en un instrumento para imponer un pensamiento único.
Apoyos al P. Custodio y crítica a la persecución judicial
A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga, medio centenar de personas se congregaron en oración para respaldar a los acusados. En Madrid, la Asociación de Abogados Cristianos entregó más de 27.000 firmas pidiendo la retirada de la acusación contra el padre Custodio.
Además, un manifiesto firmado por el exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego y respaldado por casi un centenar de juristas denuncia la injusticia del proceso y la utilización expansiva del delito de odio. “Denunciar el yihadismo radical no puede ser motivo de persecución judicial”, añadió el Observatorio para la Libertad Religiosa en un comunicado.
Una causa con implicaciones políticas y religiosas
Lo que comenzó como un debate sobre el islam y la identidad cultural europea ha terminado en un proceso penal con 8 años de desgaste que enfrenta la advertencia sobre el yihadismo con un tipo penal de “odio” que, cada vez más, amenaza la libertad religiosa y de conciencia en España, y que según parece, es solo para algunos.