En la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Madrid, el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, fue preguntado por el juicio contra el sacerdote Custodio Ballester, acusado de delito de odio y para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel más multa.
“La Conferencia Episcopal no es una superestructura sobre las diócesis. El superior de un obispo es solo la Santa Sede. La responsabilidad directa sobre el padre Custodio corresponde al arzobispo de Barcelona. Nosotros no somos jefes de los obispos.”
García Magán añadió que la libertad de expresión es un derecho fundamental también para sacerdotes y obispos, siempre “dentro de la ley”, y que corresponde a los jueces decidir si el padre Custodio ha sobrepasado esos límites. En resumen, la CEE evitó pronunciarse en apoyo explícito del sacerdote, dejando el asunto en manos de la justicia y de la archidiócesis.
Contraste con la defensa del islam en España
Este silencio contrasta con la rápida y enérgica reacción hace un mes, cuando se discutía en Jumilla (Murcia) una moción que afectaba a la Fiesta del Cordero. Entonces, García Magán salió públicamente a defender la celebración islámica como un ejercicio de libertad religiosa protegido por la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, llegando a compararlo con la Misa como “acto religioso igualmente digno” que merece plena protección pública.
La pregunta inevitable es: ¿por qué la Conferencia Episcopal corre a respaldar un rito islámico ante un Ayuntamiento, pero opta por el silencio institucional cuando un sacerdote católico es llevado a juicio por predicar contra el yihadismo?
Dos varas de medir: libertad para el islam, silencio ante un sacerdote católico
La actitud del portavoz refleja un doble estándar difícil de justificar. En agosto, la CEE alzó la voz en nombre del islam para garantizar su derecho a expresarse en el espacio público. Ahora, en octubre, evita comprometerse con un sacerdote perseguido judicialmente, limitándose a recordar que “serán los jueces” quienes decidan.
Ese contraste genera perplejidad entre los fieles: ¿tiene más peso político la defensa del islam en España que la defensa de la libertad de expresión de un sacerdote católico? ¿Por qué la institución eclesial se muestra más solícita con comunidades externas que con sus propios pastores?
Un desgaste de autoridad moral
La prudencia institucional puede presentarse como neutralidad, pero acaba transmitiendo un mensaje de desamparo: mientras asociaciones católicas y juristas se movilizan en defensa del padre Custodio, la Conferencia Episcopal prefiere mirar hacia otro lado.
El riesgo es evidente: al actuar con rapidez para defender el islam y mostrarse tibia frente a la persecución de un sacerdote, la CEE erosiona su credibilidad ante los fieles, que reclaman pastores valientes y no portavoces de fórmulas diplomáticas.