En Estados Unidos, durante 2024, se llevaron a cabo apenas 25 ejecuciones de criminales convictos, mientras que en ese mismo período se practicaron más de 1,140,000 abortos gracias al marco jurídico promovido por el senador Dick Durbin. La desproporción numérica es abrumadora: por cada criminal ajusticiado bajo el peso de la ley, 45.600 niños por nacer fueron privados de la vida en el vientre de sus madres. Esta comparación permite comprender la distinta magnitud de ambos fenómenos y plantea un dilema moral ineludible para quienes sostienen la defensa de la vida.
Los crímenes cometidos por los ajusticiados en 2024 reflejan actos de brutalidad extrema. Entre ellos se cuentan asesinos en serie, violadores y secuestradores de menores. El caso de Christopher Collings, ejecutado en Missouri, es ilustrativo: secuestró, abusó y estranguló a una niña de nueve años, su propia sobrina política. Otro condenado en Texas fue ejecutado por torturar y matar a la hija de 13 meses de su pareja. Estos delitos, cometidos con crueldad y total desprecio por la vida humana, son los que, en última instancia, llevaron a esos 25 hombres a enfrentar la pena capital.
En contraste, el aborto priva de la vida a seres humanos inocentes e indefensos. Estudios en Estados Unidos señalan que cerca del 90 % de los bebés diagnosticados con síndrome de Down son abortados tras el diagnóstico prenatal. Aunque las cifras exactas de EE. UU. en abortos tardíos no siempre son públicas, se sabe que cada año se practican miles de abortos después de la semana 21 de gestación, incluso de niños ya viables.
Ante una pregunta sobre el polémico premio eclesial al senador abortista Durbin, el Papa León XIV equiparó en Castel Gandolfo la pena de muerte con el aborto, colocándolos en el mismo plano de valoración ética. Sin embargo, la realidad muestra que la desproporción es tan abrumadora que resulta inaceptable confundir ambas situaciones. En un caso hablamos de criminales responsables de asesinatos atroces y juzgados por tribunales, en el otro de vidas humanas inocentes eliminadas masivamente y, muchas veces, por la sola presencia de una discapacidad. Pretender ponerlas al mismo nivel significa desdibujar la urgencia moral que representa la cultura de la muerte.
Por ello, afirmar que no se puede ser “provida” y aceptar la pena de muerte es una simplificación peligrosa que ignora la realidad. La defensa de la vida exige reconocer la magnitud concreta de cada mal. La pena capital, aunque debatible y cada vez menos aplicada, afecta a un número ínfimo de criminales culpables con delitos abominables; el aborto, en cambio, acaba cada año con la vida de más de un millón de inocentes solo en Estados Unidos. Una Iglesia comprometida con la dignidad humana debe poner su atención en la tragedia más grande y silenciada de nuestro tiempo: la masacre legalizada de los más débiles e indefensos.