La Conferencia Episcopal Española presentó la Memoria de Pastoral Penitenciaria 2024, documento que recoge más de 1.200 programas en prisiones, casi 3.000 colaboradores y una inversión de 2,9 millones de euros. En sus páginas, la Iglesia muestra el compromiso de capellanes y voluntarios con los presos, con programas de asistencia religiosa, social y jurídica que alcanzan a miles de internos.
Sin embargo, el informe no se limita a exponer la labor pastoral. También entra en valoraciones políticas:
Notamos también una falta de respuesta institucional ante la creciente población que proviene de otros países y que se ven abocados a delinquir y cumplen su pena en los recintos penitenciarios. La falta de apoyo familiar, arraigo, vínculos sociales y muchos de ellos/as en edades muy tempranas nos ofrece un panorama oscuro sobre qué respuesta dar desde las instituciones sociales y comunitarias. Además, vemos que esto se agrava con la creciente polarización política y la utilización sin escrúpulos con fines electorales del problema migratorio, especialmente magrebí.
P. José Antonio García Quintana, sj
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE
Atención al preso, sí; postura político, no
Es evidente que la Pastoral Penitenciaria debe atender a la realidad concreta de cada interno: la soledad, el desarraigo, la falta de familia o de vínculos sociales. En este sentido, señalar la situación de los reclusos extranjeros —que representan alrededor de un tercio de la población penitenciaria— es legítimo y necesario.
Pero otra cosa muy distinta es afirmar, como hace la Memoria, que el problema migratorio en España está siendo “utilizado sin escrúpulos con fines electorales” y atribuir la dificultad de reinserción de ciertos colectivos únicamente a la polarización política. Esa interpretación desborda lo que corresponde a un informe pastoral.
La realidad estructural de la inmigración
En España, según datos del Ministerio del Interior, hay más de 45.000 reclusos, de los cuales un tercio son extranjeros. Entre ellos, destaca un peso considerable de internos magrebíes, muchos jóvenes y con escaso arraigo. Es una realidad objetiva que plantea problemas estructurales y que no se resuelve con declaraciones ideológicas.
Si existe un tipo de inmigración que muestra mayor propensión a la delincuencia, el análisis político y social es imprescindible, porque el bien común exige rigor. Despreciar esa dimensión, como hace la Memoria, es caer en un discurso parcial que no aporta soluciones y corre el riesgo de alejar a la Pastoral de la gente.
Una misión que debe centrarse en lo esencial
La Iglesia tiene una tarea irrenunciable en las cárceles: acompañar espiritualmente a los presos, anunciar el Evangelio y ofrecer apoyo humano y sacramental. Esa misión es la que justifica la presencia de capellanes, voluntarios y casas de acogida.
Cuando el informe mezcla planos —pasando de la pastoral al discurso político—, corre el peligro de difuminar su misión específica. La denuncia de carencias médicas, el acompañamiento a presos con enfermedades mentales o la ayuda a mujeres reclusas con cargas familiares forman parte de la mirada pastoral. Pero el análisis político cargado de ideología no ayuda: oscurece la verdad, resta credibilidad y diluye el testimonio evangélico.
Entre el Evangelio y la política
La Pastoral Penitenciaria hace un enorme trabajo en condiciones difíciles, pero su fuerza está en mostrar a Cristo en medio de la prisión, no en repetir diagnósticos que suenan a titulares partidistas. Señalar el desarraigo de los inmigrantes presos es necesario; convertirlo en un relato político sobre la polarización electoral es confundir planos y restar eficacia a la misión.
En un contexto en el que la fe escasea en la vida de los internos y los capellanes son cada vez menos, la prioridad debería ser fortalecer la presencia sacramental y pastoral. Lo demás, por más que parezca comprometido, termina alejando a la Iglesia de su misión esencial y de la gente a la que quiere servir.