El sacerdote de la Diócesis de Barcelona, Custodio Ballester, se sienta hoy en el banquillo acusado de un delito de odio por un artículo publicado en 2016 en el blog Germinans Germinabit titulado “El imposible diálogo con el Islam”. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión, a raíz de una denuncia presentada por la asociación Musulmanes contra la Islamofobia, entidad barcelonesa presidida por Ibrahim Miguel Ángel Pérez, un converso al islam con vínculos conocidos con plataformas políticas locales como Barcelona en Comú y que ha recibido subvenciones públicas de Ayuntamiento y Generalitat.
El artículo de Ballester es duro, incluso provocador en sus expresiones, pero en ningún momento llama a la violencia ni a la persecución de los musulmanes. Se trata de una reflexión teológica y cultural enraizada en la tradición de confrontar doctrinas contrarias a la fe. Convertir esas palabras en delito penal y pedir cárcel supone abrir una puerta dramática: la de criminalizar la conciencia, la palabra y el juicio religioso.
No comparto, como expresó Custodio, que el diálogo con el islam sea “imposible”. Existen diferencias doctrinales insalvables, herejías evidentes desde la perspectiva católica y abismos culturales difíciles de salvar. Pero también hay coincidencias que no deben ignorarse: los musulmanes veneran al arcángel Gabriel, reconocen la virginidad perpetua de María, confiesan que Jesús fue elevado al cielo y esperan su retorno glorioso al final de los tiempos. Esas verdades, aunque incompletas, ofrecen un terreno común para la conversación y al convivencia. Otra cosa es el fruto de ese diálogo y sus límites, pero negarlo de raíz sería injusto. El problema no es que el Corán contenga suras bélicas, como tampoco lo es que el Talmud recoja pasajes ofensivos hacia los gentiles, llegando incluso a sostener —con menos escándalo público— que Cristo estaría en el infierno. El problema radica en la hermenéutica: en cómo se aplican esos textos.
La historia nos muestra un islam que en ocasiones supo convivir con los cristianos en Siria, Palestina, Líbano, Irak o Egipto, que incluso combatió junto a los nuestros en 1936 y que inspiró movimientos laicos y nacionales como el nasserismo o el baasismo. Un islam que fue paradógicamente destruido en gran medida por guerras alimentadas desde el exterior, por quienes se rasgan selectivamente las vestiduras con unos u otros textos sagrados.
Dicho esto, el caso del padre Custodio no debería leerse como un aval automático a cada frase de su artículo, sino como la defensa de un principio esencial: el derecho de un sacerdote —y de cualquier ciudadano— a expresarse sobre cuestiones religiosas y culturales sin riesgo de ser perseguido penalmente. La Iglesia siempre ha sabido responder al error con argumentos y con caridad, nunca con silencios impuestos. Judicializar un juicio teológico es un atentado contra el sentido común y un precedente que amenaza la misión misma de la Iglesia y la vigencia de la libertad religiosa en nuestra sociedad.
A todo ello se suma un hecho doloroso: el padre Custodio ha sido dejado solo. Su propio obispo, Omella, no ha hecho una sola declaración pública en defensa de su sacerdote, limitándose a llamarle para decirle en tono jocoso que le visitará en prisión. La Conferencia Episcopal y el verborreico Magán han guardado silencio y los medios católicos han normalizado el proceso, como si fuese algo corriente que se pida cárcel para un sacerdote por un juicio teológico. Es un drama que la Iglesia en España acepte con resignación —o indiferencia— que se persiga penalmente a un presbítero por opinar sobre unos textos religiosos.