Cuando León XIV afirma que “no es realmente provida quien se opone al aborto pero admite la pena de muerte”, no solo lanza un eslogan contemporáneo: de un plumazo barre con siglos de enseñanza católica, sostenida por santos, doctores y papas canonizados. La tradición de la Iglesia es clara y constante: el aborto es siempre un crimen abominable contra el inocente indefenso, mientras que la pena de muerte, en determinadas circunstancias, puede ser un ejercicio legítimo de la autoridad para proteger al bien común.La claridad en este punto no fue patrimonio de unos pocos, sino una verdad que atraviesa toda la historia de la Iglesia. Autores canonizados tan diversos como San Efrén, San Hilario, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, San Pedro Canisio, San Roberto Belarmino y San Alfonso María de Ligorio coincidieron en reconocer que la pena capital, aunque en muchos casos no se recomiende aplicarla, es en principio moralmente legítima. No era un asunto secundario: todos distinguieron con nitidez entre matar al inocente —siempre ilícito— y castigar al culpable —posible bajo condiciones legítimas—.Incluso San John Henry Newman, que va ser proclamado Doctor de la Iglesia en un mes por el propio León XIV, desarrolló la misma idea en su Lecture 8 de las Lectures on the Present Position of Catholics in England, donde Newman asumía como evidente que la autoridad civil tenía en sus manos la potestad de aplicar la pena de muerte, en continuidad con la tradición moral de la Iglesia.Por otra parte, la condena al aborto ha sido muy firme. Santo Tomás lo describía como un crimen especialmente grave porque elimina al ser humano en su primera etapa de vida y le priva incluso de la posibilidad del bautismo. San Alfonso lo calificaba sin rodeos como homicidio directo y siempre ilícito. Papas como Inocencio I y Pío V reiteraron la misma doctrina, el primero en sus cartas a los obispos, el segundo imponiendo la excomunión automática a quien lo procurase. Pío X, en su Catecismo Mayor, dejó claro que el quinto mandamiento prohíbe todo atentado contra la vida inocente, pero no excluye el derecho de la autoridad a aplicar penas justas, incluida la capital, contra delincuentes probados.
Todo esto forma parte de un mismo hilo doctrinal: el aborto nunca, bajo ningún motivo; la pena de muerte, solo bajo condiciones estrictas y con autoridad legítima. La Iglesia siempre supo distinguir lo que hoy se ha presentado como una confusión difícil de entender. Por eso resultan tan llamativas las palabras de León XIV. Al presentarse como juez de lo que significa “ser provida”, desautoriza con ligereza a gigantes de la fe: desde los Padres como Efrén y Agustín hasta doctores posteriores como Tomás de Aquino, Belarmino o Newman. Y en el camino deshace la coherencia de una doctrina mantenida durante siglos.