Un obispo como jefe de Estado
La peculiaridad andorrana hace que la gravedad de este caso supere cualquier precedente. El obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, no es solo pastor de una diócesis: es copríncipe de Andorra, jefe de Estado junto al presidente de la República Francesa. Y en esa condición será él, con su firma, quien sancione la ley que convierte en “derecho” lo que la Iglesia siempre ha condenado como crimen gravísimo.
Dicho de otro modo: el único obispo del mundo con rango de jefe de Estado se dispondría a rubricar una ley abortista. Y eso abre una crisis canónica y moral sin parangón.
¿Excomunión automática?
El Código de Derecho Canónico (c. 1398) establece la excomunión automática para quienes procuran un aborto. Técnicamente, la rúbrica de una ley no entra directamente en esa tipificación, pues no se trata de practicar ni facilitar un aborto concreto, sino de legislar. Pero la cuestión no acaba ahí.
La encíclica Evangelium vitae de san Juan Pablo II enseña con toda claridad que los políticos católicos que promuevan leyes abortistas incurren en cooperación formal con un mal gravísimo y se colocan en situación objetiva de pecado mortal, que les hace indignos de comulgar. En este caso, hablamos de un obispo: un sucesor de los apóstoles sancionando como jefe de Estado lo que la Iglesia llama crimen abominable.
Un escándalo sin precedentes
La consecuencia inmediata sería el apartamiento de la comunión eclesial. Serrano Pentinat no podría comulgar, estaría en pecado grave público y sería, de facto, un obispo excomulgado, aunque la Santa Sede no declarase aún formalmente la pena. Y esa declaración podría llegar: Roma tendría la obligación de intervenir para preservar la credibilidad de la Iglesia en la defensa de los más indefensos, los niños por nacer.
Si se consuma este disparate, España (porque Serrano Pentinat es obispo español) se encontrará con un hecho que jamás había sucedido: un obispo excomulgado, apartado de la comunión de la Iglesia por dar su aval político al asesinato legalizado de inocentes.
¿Hasta dónde puede llegar la claudicación?
En Roma, la Secretaría de Estado habla de “equilibrios institucionales”. En la práctica, significa mirar hacia otro lado y aceptar que un obispo firme una ley abortista para que no se resquebraje un microestado pirenaico. Pero la Iglesia no fue fundada para sostener equilibrios políticos, sino para salvar almas.
Si se permite este paso, la herida a la credibilidad será profunda y duradera. Porque lo que está en juego no es Andorra, sino la misma voz profética de la Iglesia frente al poder de la muerte.