Un gigante nacido del episcopado
Como cuenta Ernesto Samper en GACETA, Accem fue creada en 1951 por la Conferencia Episcopal bajo el nombre de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, con el objetivo inicial de ayudar a emigrantes españoles y refugiados de posguerra. En 1990, se registró como asociación civil “aconfesional y apolítica”, liberándose así de toda referencia religiosa para poder entrar de lleno en el negocio de las subvenciones públicas.
Dos años después, en 1992, firmaba su primer gran convenio con el INSERSO para la gestión de los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), integrándose en el selecto club de ONG (junto a Cruz Roja y CEAR) que accedían a este lucrativo modelo en el que el Estado paga y la organización privada gestiona.
Dirigida aún por la Iglesia
A pesar del disfraz aconfesional, la marca católica nunca desapareció del todo. Hoy, casi tres cuartos de siglo después, la presidenta es una religiosa (Pilar Samanes Ara, hermana de la Caridad de Santa Ana) y el vicepresidente, un sacerdote (José Antonio Arzoz Martínez, capellán de emigrantes en Alemania). El vínculo eclesial, lejos de ser anecdótico, es estructural.
225 millones al año, 99% de dinero público
Las cifras hablan por sí solas: en 2018 Accem gestionaba 45,9 millones; en 2024 alcanzó los 225,1 millones de euros, y todo indica que en 2025 superará los 250. Su memoria económica revela que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% de gobiernos autonómicos, 2,24% locales, 0,8% provinciales y apenas un 1% privado.
Los grandes financiadores son los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Derechos Sociales, además de múltiples autonomías, diputaciones, ayuntamientos, la UE y organismos internacionales.
Una estructura dependiente del sistema
Accem presume en su memoria de 3.839 trabajadores de 50 nacionalidades (73% mujeres, 27% hombres) y 770 voluntarios, desplegados en 13 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Toda esta estructura depende directamente de la continuidad de las políticas de inmigración y de la concesión de convenios públicos.
El incentivo es perverso: cuanto más inmigrantes ilegales lleguen y más subvenciones se repartan, más crece el entramado. Lo que nació como obra de caridad cristiana se ha transformado en un engranaje más del aparato público de gestión migratoria.
Silencio comprado
Con semejante dependencia económica, la libertad de la Iglesia para pronunciarse en materia de inmigración está hipotecada. Los obispos no defienden un principio general, sino que protegen una fuente de ingresos que ellos mismos crearon y que hoy se alimenta del dinero de todos los ciudadanos.
InfoVaticana preguntó, pero no respondieron
Hace dos semanas, InfoVaticana escribió al departamento de prensa de Accem solicitando información sobre su órgano supremo de gobierno, la Asamblea. Preguntamos por:
- Número de miembros con derecho a voto.
- Si son personas físicas o jurídicas.
- La frecuencia con que se admiten nuevos miembros.
Hasta la fecha, Accem no ha respondido. El silencio de esta ONG multimillonaria es tan elocuente como el de los obispos que, mientras gestionan el negocio, callan ante el debate nacional sobre inmigración ilegal.
Este artículo recoge información publicada originalmente por La Gaceta.