Este 12 de septiembre, la Cámara de los Lores examina el Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, que busca legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. En una declaración oficial difundida por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, el arzobispo John Sherrington reiteró la oposición de la Iglesia, advirtiendo que la ley “sigue siendo impracticable y pone en riesgo a nuestras instituciones sanitarias, a los profesionales y a los pacientes”.
Riesgo para hospitales y hospicios católicos
El prelado subrayó que la propuesta amenaza la misión de hospicios y residencias de ancianos que, por principios éticos, nunca podrían facilitar el suicidio asistido. “Un derecho a morir concedido a los individuos se convertirá en un deber para los hospicios y residencias de ancianos de facilitarlo”, alertó junto al cardenal Vincent Nichols.
El temor tiene fundamento en el artículo 42 del proyecto de ley, que ordena que “deben existir servicios de asistencia voluntaria para morir en Inglaterra y Gales organizados bajo la normativa estatal”. Este punto implica que las instituciones médicas, incluidas las católicas, podrían quedar presionadas a habilitar espacios o procedimientos contrarios a su identidad cristiana.
Una cláusula de conciencia insuficiente
El texto legal prevé en su artículo 31(1) que “ninguna persona está obligada a participar en la asistencia para morir”. Sin embargo, en el apartado 31(2) se añade que los profesionales objetores deben remitir al paciente hacia quien pueda proporcionarle la información y acceso al proceso.
Esta obligación confirma lo señalado por el arzobispo: la cláusula de conciencia no es plena, porque “muchos médicos, de hecho, no podrán excluirse, al tener que dirigir a los pacientes a información o consultas preliminares”.
Riesgo para los pacientes más frágiles
La definición de “enfermedad terminal” en el artículo 2(1) abarca a todo adulto diagnosticado con una condición “que probablemente cause su muerte en seis meses”. Esta amplitud, advierten los obispos, deja a personas gravemente enfermas, pero aún capaces de vivir con calidad y cuidados, en riesgo de sentirse presionadas a optar por la muerte.
El arzobispo Sherrington recordó que en países como Canadá la legalización se inició con criterios limitados, pero “rápidamente se amplió a enfermos no terminales y a personas sin capacidad mental”.
Cuidados paliativos en riesgo
Los obispos insistieron en que la prioridad debe ser garantizar el acceso a cuidados paliativos, y no debilitarlos. El proyecto menciona la necesidad de evaluar el impacto, pero no obliga a mejorar su financiación ni su provisión.
“El resultado inevitable será que, donde falten los cuidados paliativos, los pacientes se sentirán presionados a poner fin a sus vidas”, señaló Sherrington.
Llamado a la oración y a la acción
El comunicado de la Conferencia Episcopal concluyó con un llamado a todos los católicos: “Continuamos llamando a la oración y a la acción. Les insto a contactar con los miembros de la Cámara de los Lores y, en particular, a compartir sus experiencias personales o profesionales sobre este asunto tan importante”. Recordemos las palabras de san Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae (n. 81):
«La vida humana, don precioso de Dios, es sagrada e inviolable, y por esto, en particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y la eutanasia; la vida del hombre no sólo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo cuidado amoroso».