En medio de la profanación a través de un proceso administrativo de intervención arquitectónica que afecta a la basílica pontificia del Valle de los Caídos, la diócesis de Madrid ha introducido un cambio que, lejos de aclarar, multiplica las contradicciones. Se ha anunciado que, en lugar de formar parte del jurado que elegirá el proyecto de intervención, la Iglesia pasará a figurar como asesora, no se sabe si del propio jurado o del gobierno. Un movimiento presentado como un distanciamiento, pero que en realidad resulta jurídicamente irrelevante y políticamente torpe.
Un proceso cuestionado desde el origen
No puede olvidarse que cualquier intervención en una basílica pontificia requiere la aprobación expresa de la Santa Sede. Según diversas informaciones, esa autorización se habría articulado a través de un acuerdo no publicado entre el anterior papa Francisco con la firma del cardenal Pietro Parolin. El problema es evidente: si existió un documento de este tipo, su validez jurídica estaría hoy en entredicho. Los actos administrativos no públicos de un pontífice fallecido dejan de tener fuerza vinculante, y la muerte de Francisco abre un escenario nuevo que dependerá de la ratificación —o no— de su sucesor, León XIV.
Un “matiz” que no cambia nada
En este contexto, la diócesis de Madrid ha pasado de ser jurado a asesor del jurado. Sin embargo, la diferencia es más cosmética que real. Sea como miembro de jurado o como asesor, la firma de la Iglesia en este proceso supone lo mismo: un aval. Un respaldo explícito al itinerario que desemboca en lo que muchos consideran una auténtica profanación de la nave, de la capilla del Santísimo e incluso de la propia cruz del Valle.
Al aceptar este papel “asesor”, la Iglesia no se distancia del proceso: lo valida. Con la diferencia de que, además, pierde capacidad decisoria. Como jurado, al menos existía la posibilidad de emitir votos singulares o condicionar decisiones. Como asesor, ni eso: únicamente permanece la responsabilidad moral de respaldar un procedimiento cuya legitimidad es nula.
Un gesto débil y contradictorio
Este cambio de rol, presentado como matiz, es en realidad un movimiento débil en lo político, torpe en lo jurídico y vacío en lo simbólico. Porque la rúbrica de la diócesis sigue estampada en los documentos. Porque la aceptación de los pasos dados sigue intacta. Porque, con jurado o sin jurado, con asesor o sin asesor, la Iglesia en Madrid se hace cómplice de un proceso que contradice la naturaleza pontificia de la basílica y las garantías derivadas del Concordato con la Santa Sede.
En resumen, el pretendido distanciamiento no es tal. Se trata de un aval encubierto, una aceptación disfrazada de neutralidad que, en última instancia, equivale a lo mismo: el respaldo de la Iglesia española a un camino de profanación.