Infovaticana accede al decreto de 30 de julio del 2025 que destituye al padre Michael Briese por negarse a borrar denuncias creíbles sobre abusos en seminarios
La Iglesia católica ha declarado reiteradamente su compromiso con la transparencia y la tolerancia cero frente a los abusos. Documentos como Vos estis lux mundi o el informe vaticano sobre el ex cardenal McCarrick afirmaron que los tiempos del silencio episcopal y el encubrimiento habían quedado atrás. Sin embargo, los hechos recientes contradicen esos principios con fuerza. En el seno de la misma arquidiócesis que ocultó durante décadas la conducta de McCarrick, un sacerdote ha sido sancionado gravemente por hacer públicas denuncias verosímiles y documentadas sobre comportamientos abusivos en seminarios. El mensaje implícito es devastador: no se castiga al abusador, sino al que rompe el silencio.
En cualquier estado de derecho, cuando alguien se siente calumniado puede acudir a los tribunales a limpiar su nombre. Esa vía está abierta también a los clérigos. Sin embargo, en la Archidiócesis de Washington se ha optado por un camino más alarmante: la expulsión del estado clerical de un sacerdote que se negó a eliminar de su blog información pública y detallada sobre abusos sexuales en instituciones de formación eclesiástica. La medida ha sido promovida por el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, según consta en el decreto penal no judicial al que ha tenido acceso Infovaticana.
La decisión, firmada por el cardenal Gregory el 26 de diciembre de 2024 y respaldada y ejecutada por su sucesor el cardenal McElroy, impone al padre Michael W. Briese la pérdida de todas sus funciones ministeriales, su facultad para oír confesiones o predicar, y su derecho a vestir como sacerdote. El motivo, negarse a retirar artículos en los que señalaba casos de abusos sexuales —ya denunciados públicamente— y reprochaba a las autoridades eclesiásticas no haber abierto ningún proceso canónico al respecto.
Casos concretos, denuncias acreditadas
El padre Briese no difundió rumores infundados ni publicó teorías sin respaldo. Se limitó a dar visibilidad a casos ya conocidos y documentados públicamente, con nombres propios y fuentes verificables. Entre ellos, dos figuras destacadas:
Adam Park
Exvicerrector del Pontificio Colegio Norteamericano (NAC) en Roma, fue acusado por el exseminarista Anthony Gorgia de conductas sexuales inapropiadas, incluyendo masajes forzados y presiones emocionales. Gorgia presentó una demanda civil en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en 2021 por represalias sufridas tras intentar denunciar esos hechos. Aunque el tribunal no admitió la demanda por cuestiones de jurisdicción, reconoció la buena fe del denunciante y no impuso costas.
Fuente: Catholic News Agency.
Park, por su parte, renunció a su cargo discretamente, pero nunca ha sido sometido a proceso canónico.
Carter Griffin
Rector del seminario San Juan Pablo II en Washington, fue denunciado por Karl Discher, exseminarista de la diócesis de Baltimore. Discher acusó a Griffin de acoso sexual. Su familia presentó la denuncia ante el nuncio apostólico en EE. UU., cardenal Christophe Pierre, sin que se iniciara ninguna investigación. Medios como Clean the Church y Complicit Clergy han documentado estos testimonios, así como las presiones institucionales sufridas por Discher tras hacer públicas sus acusaciones.
Sin investigación, solo silencio
El cardenal McElroy, en lugar de promover un examen canónico sobre los hechos denunciados —que incluyen nombres, cargos, testigos y documentos—, ordenó por escrito al padre Briese que retirara todos los contenidos relacionados. Al no hacerlo, activó un proceso penal canónico por supuesta desobediencia, animadversión al ordinario y daño a la buena fama de terceros. En el decreto se deja claro que en ningún momento se evaluó la veracidad de las acusaciones, solo la negativa del sacerdote a guardar silencio.
En carta del 30 de julio de 2025, McElroy comunica que ha solicitado a la Santa Sede la dimisión del estado clerical del padre Briese. La carta no insta a los sacerdotes mencionados a ejercer sus derechos, a querellarse por calumnias, ni ofrece indicios de que se haya estudiado el fondo del asunto. Solo impone el castigo al denunciante en una dinámica omertosa impropia de una Iglesia que debe haber aprendido de los errores del pasado.
El patrón McCarrick se repite
Resulta imposible ignorar el contexto: la Arquidiócesis de Washington fue epicentro del caso McCarrick, uno de los escándalos más graves de abuso y encubrimiento de la Iglesia moderna. El ex cardenal Theodore McCarrick fue finalmente expulsado del estado clerical en 2019, tras décadas de abusos que fueron advertidos —y desoídos— por nuncios, obispos y cardenales. El informe vaticano de 2020 detalló cómo las denuncias contra McCarrick fueron repetidamente ignoradas, incluso por figuras hoy en activo.
En ese mismo entorno eclesiástico, un sacerdote que pone sobre la mesa denuncias similares, fundadas y públicas, es castigado severamente. No se investiga a los acusados. No se protege al denunciante. Solo se activa de forma radical el aparato canónico contra quien se niega a borrar lo que todo el mundo puede leer en otras fuentes.
Ya no estamos en tiempos de Zanchetta
La Iglesia ha vivido episodios recientes especialmente duros. Uno de ellos fue el caso de Gustavo Zanchetta, obispo argentino condenado por abuso sexual, que fue protegido por el papa Francisco incluso tras ser denunciado. Ese modelo de gestión —encubrir, proteger, hacer callar— debe terminar de una vez por todas.
La Iglesia vive una nueva etapa. Tras el fallecimiento de Francisco, León XIV debe trazar una línea roja clara: cuando hay denuncias creíbles, bien documentadas, con testigos y respaldo público, la obligación moral no es silenciar, sino investigar a fondo, con transparencia y justicia. La fidelidad no es sumisión ciega; es verdad en caridad. Lo escandaloso no es hablar. Lo escandaloso es expulsar del clero a un sacerdote por haber hablado demasiado claro.