El Vaticano ha logrado en 2024 un resultado financiero excepcional tras años de déficits crónicos. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa), responsable de gestionar los bienes financieros e inmobiliarios de la Santa Sede, registró un beneficio neto de 62,2 millones de euros, de los cuales 46,1 millones se destinaron a cubrir el déficit estructural de la Curia romana. Esta cifra supone un aumento de más de 16 millones respecto al ejercicio anterior.
Este salto positivo no se debe únicamente a medidas de austeridad o recortes. La clave ha estado en una reorganización profunda de la política de inversiones, basada en criterios de rentabilidad, gestión del riesgo y análisis de mercado. La Apsa vendió parte de sus activos antes de una caída bursátil y los reinvirtió en el momento de la recuperación, obteniendo beneficios concretos. Gracias a esta estrategia, la rentabilidad anual alcanzó el 8,51%, con un volumen de activos financieros gestionados de aproximadamente 1.580 millones de euros.
El éxito se atribuye también al trabajo del Comité de Inversiones del Vaticano, creado en 2022 y presidido por el cardenal Kevin Farrell. Compuesto por especialistas de alto nivel en finanzas internacionales, este comité ha profesionalizado la gestión económica bajo la dirección de monseñor Giordano Piccinotti, presidente de la Apsa.
El sector inmobiliario, tradicionalmente considerado la “reserva áurea” de la Santa Sede, también ha sido reactivado. Con más de 4.200 propiedades en Italia —principalmente en Roma— y otras 1.200 en ciudades estratégicas como Londres, París y Ginebra, la Apsa ha iniciado una estrategia de agrupación de inmuebles para facilitar su regularización, rehabilitación y puesta en alquiler. Paralelamente, se están revisando contratos, licitaciones de mantenimiento y procesos de gestión para aumentar la eficiencia operativa y reducir costes.
Estos resultados no suponen aún una solución definitiva a los problemas estructurales del Vaticano, pero sí marcan un cambio de rumbo significativo. Por primera vez en años, la Santa Sede parece haber encontrado un modelo de gestión sostenible, orientado al rendimiento y guiado por criterios técnicos más que políticos o clientelares.