El conflicto por la expropiación de la casa parroquial en Herrera del Duque ha dado un giro inesperado en las últimas horas. El Ayuntamiento tenía previsto tomar posesión de los terrenos parroquiales este miércoles 16 de julio a las 8:00 a.m. Sin embargo, una orden judicial emitida este martes ha paralizado temporalmente la actuación.
Según ha adelantado La Crónica de Badajoz, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha dictado un auto de suspensión provisional, en respuesta a una solicitud de “medida cautelarísima” presentada por los representantes legales de la parroquia San Juan Bautista, afectada por el proyecto urbanístico municipal en el barrio de El Barruelo.
Reacción institucional: respeto judicial y voluntad de diálogo
El alcalde de la localidad, Saturnino Alcázar, ha confirmado públicamente la recepción del auto y ha declarado su “máximo respeto” a la decisión de los tribunales, aunque reafirmó el compromiso de su equipo de gobierno con el “interés general” y el “desarrollo urbano del pueblo”.
Por su parte, el Arzobispado de Toledo, al que pertenece la parroquia, ha emitido un comunicado este 15 de julio en el que señala que, si bien ha actuado siempre con voluntad de colaboración y respeto institucional, la parroquia se ha visto obligada a recurrir a la vía judicial “para garantizar la protección del destino religioso, pastoral y social de dichos edificios, así como el cumplimiento de las garantías legales en materia expropiatoria”.
El Arzobispado recuerda también que existen varios procedimientos judiciales en curso relacionados con el fondo del conflicto y que, por respeto a la independencia judicial, no emitirá valoraciones adicionales hasta que se produzcan pronunciamientos definitivos. No obstante, reafirma su
disposición a colaborar lealmente con el Ayuntamiento y con todas las instituciones públicas en la búsqueda de soluciones respetuosas con la legalidad y con la dimensión social y espiritual de los bienes eclesiásticos”.
Un conflicto que sigue abierto
Como Infovaticana relató en su cobertura anterior, el proyecto de regeneración urbana en el entorno del templo de San Juan Bautista contemplaba la demolición de la casa rectoral, salones parroquiales y otras instalaciones utilizadas por Cáritas y las cofradías locales. La parroquia, junto con vecinos y feligreses, había expresado su preocupación por el impacto que tendría la pérdida de estos espacios en la vida cristiana del pueblo.
La comunicación oficial de toma de posesión por parte del Ayuntamiento, enviada días atrás, provocó una ola de indignación en redes sociales y motivó la convocatoria espontánea de una concentración frente al templo para la mañana del 16 de julio. La decisión judicial conocida hoy deja en suspenso dicha intervención.
Una pausa judicial que podría abrir el diálogo
El auto judicial no pone fin al litigio, pero introduce una pausa significativa que podría ser aprovechada por ambas partes para reconsiderar sus posturas. La resolución definitiva sobre el fondo del asunto está ahora en manos de los tribunales.
Mientras tanto, la comunidad parroquial permanece en alerta, a la espera de que se respeten sus derechos y se preserve el carácter religioso y social de los espacios implicados. El caso de Herrera del Duque continúa siendo ejemplo de los delicados equilibrios entre desarrollo urbano, patrimonio eclesial y convivencia ciudadana.