El Monasterio de Santa María de Sijena, joya del patrimonio religioso aragonés y monumento nacional, sigue siendo escenario de una compleja disputa sobre la devolución de sus pinturas murales y otros bienes artísticos, sacados de su lugar original hace décadas en un contexto marcado por el doloroso expolio cultural de la Guerra Civil española.
Estas pinturas, que pertenecen al legado espiritual y artístico de una comunidad religiosa con siglos de historia, fueron arrancadas de su lugar durante el violento verano de 1936, cuando el Real Monasterio fue asaltado, incendiado y saqueado por fuerzas vinculadas al bando republicano, concretamente al POUM. La destrucción y el robo de numerosas piezas sacras y artísticas se inscriben en el triste capítulo de la guerra que supuso la pérdida irreparable de muchos tesoros culturales y eclesiásticos en toda España.
A lo largo de las últimas décadas, estas pinturas y otros objetos de valor inestimable fueron trasladados irregularmente a instituciones catalanas, particularmente al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y al Museo de Lérida. Esto ha provocado un prolongado conflicto jurídico y cultural que, tras años de litigios, alcanzó un punto decisivo con la sentencia firme del Tribunal Supremo del 28 de mayo de 2025, que ordena la devolución inmediata de estos bienes a su ubicación original en Sijena.
Desde una perspectiva eclesial, este proceso de restitución no solo implica la recuperación material de obras de arte, sino también la restauración de la memoria histórica y espiritual del monasterio y de la diócesis aragonesa, cuya identidad ha sido golpeada por décadas de despojo. La restitución es un acto de justicia que busca reparar las heridas de un pasado violento, restaurando el orden y el respeto a los bienes de la Iglesia, que son también patrimonio cultural de todos los españoles.
No obstante, esta restitución se ha visto entorpecida por resistencias políticas y administrativas, en particular desde la Generalidad de Cataluña, que ha mostrado una actitud poco colaborativa frente al cumplimiento de la sentencia. Ya en 2017 fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para garantizar parte del retorno de las piezas, y en los últimos meses se han producido maniobras dilatorias que retrasan la restitución definitiva.
En este escenario, el partido político VOX ha liderado con insistencia en las Cortes de Aragón la necesidad de aplicar la sentencia con firmeza y sin excusas técnicas. Sin embargo, el tema trasciende el ámbito político: la restitución de los bienes de Sijena es un llamado a respetar la verdad histórica, a honrar la memoria de una comunidad religiosa y a reparar el expolio de un patrimonio que es sagrado y cultural.
El regreso de las pinturas murales a Sijena supone, en última instancia, un acto de coherencia artística, con la historia y un compromiso con la protección de los bienes de la Iglesia, heridos por el odio y la violencia de un pasado que no debe repetirse.
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