La víctima, un menor de edad, fue agredido sexualmente por varios compañeros durante un viaje escolar organizado por el colegio Nuestra Señora de Loreto, en Valencia. La Fiscalía solo acusa a uno de los implicados. La familia tuvo que abandonar el centro y el joven sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, durante unas jornadas deportivas en Málaga organizadas por una fundación vinculada al colegio concertado Nuestra Señora de Loreto de Valencia, regentado por la Fundación Educativa Santo Domingo. Lo que debía ser una experiencia formativa y deportiva acabó convertido en un episodio de crueldad y violencia que ha marcado para siempre la vida de la víctima.
Cinco adolescentes —compañeros de clase— forzaron a un menor a entrar en el cuarto de baño de un hotel en Benalmádena. Según recoge la Fiscalía de Menores de Valencia, allí lo amenazaron («hazte una paja o morirás»), se masturbaron delante de él, y lo agredieron sexualmente, mientras uno de los agresores repetía: «que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre».
Así lo cuenta Las Provincias, aunque ocultando El nombre del centro:
El acoso escolar culminó en un hotel de Benalmádena durante unas jornadas deportivas organizadas por una fundación religiosa. El 28 de marzo de 2023, la manada rodeó al menor en un pasillo y le obligó a entrar en un cuarto de baño. Luego le mostraron vídeos pornográficos, se masturbaron delante de él, le amenazaron con frases como «hazte una paja o morirás» y le agredieron sexualmente tras cerrar la puerta con pestillo.
Mientras unos forzaban a la víctima, otros animaban a los agresores, y el cabecilla del grupo dijo: «Que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre», según la reconstrucción de los hechos que realizó la Fiscalía de Menores y la acusación particular. Tras regresar a Valencia, la manada continuó acosando al chico de 13 años dentro y fuera del colegio, le infundieron miedo para que guardara silencio y lo amenazaron a través de las redes sociales, llegando incluso a llamarle más de 300 veces a través de Whatsapp, según la denuncia que presentó el psicólogo de la víctima.
Antes de la agresión ya había señales claras de alarma: el menor venía sufriendo acoso, burlas e incluso llamadas anónimas. Tras el ataque, el hostigamiento continuó durante semanas en Valencia. La víctima guardó silencio, aterrorizado por las amenazas y por temor a que su hermano pequeño sufriera represalias.
No fue hasta dos meses después, cuando se desplomó emocionalmente, que pudo recibir asistencia médica. A día de hoy, sigue en tratamiento psiquiátrico. Sus padres decidieron sacar a sus tres hijos del colegio.
El silencio institucional: una segunda forma de abandono
Resulta difícil comprender cómo un centro educativo católico, comprometido formalmente con los valores del Evangelio y con la tutela de menores, no haya dado una respuesta pública clara ante un hecho de esta gravedad. La familia de la víctima tuvo que sacar del colegio a sus tres hijos. Hasta hoy, no consta un reconocimiento de responsabilidad, una disculpa formal ni una declaración institucional que reconozca el sufrimiento causado ni la necesidad de reparación.
Fuentes directas han confirmado a Infovaticana que el centro tomó medidas tras los hechos que no se están conociendo. Pero en lugar de comunicarlas abierta y transparentemente, se ha optado por el bloqueo de comentarios en Google, el cierre informativo y el silencio como estrategia. Una política de comunicación que contradice la coherencia con las acciones adoptadas y que, en vez de generar confianza, alimenta la sensación de abandono y falta de empatía.
Los católicos exigen confianza, no impunidad
Este silencio resulta aún más hiriente porque los colegios católicos son elegidos por muchas familias precisamente por su identidad religiosa, por su promesa de formar en la virtud, en la dignidad de la persona, en el respeto mutuo. ¿Qué queda de esa promesa cuando un niño es humillado y violentado sin que haya una respuesta proporcional por parte de los responsables institucionales?
Las instituciones de la Iglesia no pueden seguir actuando como si lo importante fuese proteger su reputación. No hay mayor escándalo que el sufrimiento oculto, no hay mayor descrédito que el abandono del inocente. La confianza se gana con transparencia, con medidas firmes, con gestos claros de reparación. No basta con colaborar con la justicia civil. La responsabilidad moral de una institución eclesial va mucho más allá.
Inimputabilidad no significa impunidad
El caso también expone los límites de la actual legislación penal de menores. Que dos de los agresores sean inimputables por tener 13 años no puede ser el final del debate. La sociedad —y más aún una institución de inspiración cristiana— debe contar con mecanismos eficaces para proteger a las víctimas, corregir a los agresores y evitar que hechos semejantes se repitan.
La víctima sufre secuelas devastadoras. ¿Cuál es la reparación que se le ofrece? ¿Qué medidas de justicia restaurativa se han activado? ¿Quién asume la tarea de consolar, de escuchar, de acompañar?
Este caso no puede cerrarse en falso. Las instituciones religiosas deben dejar de temer la verdad. Solo desde acciones decididas y valientes se reconstruye la confianza de las familias católicas que, ante casos como este, ven tambalearse la seguridad de sus hijos y la credibilidad de quienes deberían protegerlos.