La fundación Fusara, involucrada en el ‘caso Fundaciones’ que salpica a la archidiócesis de Madrid, se encuentra en el centro de la polémica por la compraventa de una parcela en Valdebebas en 2020.
En aquella operación, la entidad adquirió un terreno de 34.800 metros cuadrados de edificabilidad a Metrovacesa por 47,7 millones de euros, a un precio de 1.370 euros por metro cuadrado. Esta cifra, al parecer muy superior al valor de mercado, levantó sospechas sobre un posible sobreprecio, alimentando la investigación en curso sobre el presunto expolio de patrimonio de entidades benéficas vinculadas al Arzobispado de Madrid, según informa El Confidencial.
El pasado verano, tras judicializarse el caso, Metrovacesa y el bufete Baker—contratado por la Iglesia para defender sus intereses—llegaron a un acuerdo para revertir la operación. Como resultado, la promotora ha vendido ahora el mismo solar a los fondos Bain Capital y Momentum por 32 millones de euros, un 30% menos que el precio que cobró a Fusara.
Las investigaciones apuntan al despacho Chávarri, que habría asesorado a Fusara en la operación de 2020. Según fuentes del sector, el bufete recomendó la compra del terreno con la intención de construir un edificio de oficinas, a pesar de que este tipo de desarrollo no era viable en Valdebebas, donde predominan los alojamientos flexibles y temporales.
La desaparición del patrimonio de Fusara y la operación con Tapiamar
Este no ha sido el único movimiento inmobiliario cuestionado de Fusara. La fundación también estuvo en el punto de mira cuando decidió la venta de 14 edificios en el centro de Madrid a la sociedad Tapiamar por un precio un 20% inferior al valor de tasación. Esta operación, realizada sin subasta pública y con dudas sobre la identidad del comprador final, ha generado nuevas sospechas sobre la gestión de la entidad.
Ante esta situación, la nueva dirección de Fusara ha decidió iniciar acciones para recuperar los inmuebles vendidos a Tapiamar. Paralelamente, el equipo nombrado por el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, con el aval del Vaticano y liderado por el sacerdote Javier Belda, tomó la decisión de frenar la adquisición del solar de Valdebebas hasta esclarecer todas las irregularidades detectadas.
Metrovacesa, al verse envuelta en la controversia, intentó ejecutar en dos ocasiones una cláusula resolutoria que habría llevado a Fusara a la quiebra, pero el registro se negó a aceptarlo. Finalmente, la promotora optó por cambiar de estrategia y negociar con los nuevos responsables de la fundación, lo que llevó al acuerdo de venta a Bain y Momentum en condiciones muy distintas a las pactadas con Fusara.
El papel de José Cobo y la gestión de Javier Belda
José Cobo, actual arzobispo de Madrid y presidente del patronato de Fusara, ha seguido de cerca este asunto desde sus inicios, cuando todavía era obispo auxiliar. Fusara es una de las fundaciones en las que su predecesor, el cardenal Osoro, colocó como secretario al controvertido Javier Belda, figura clave en la gestión de las operaciones bajo sospecha.
Belda, que posteriormente fue cesado por Cobo, cobró a Fusara facturas desorbitadas que superaban los 800.000 euros. Su destitución marcó un cambio en la dirección de la fundación, que ahora busca recuperar parte del patrimonio perdido y aclarar las irregularidades detectadas en las transacciones inmobiliarias.
Actualmente, el arzobispo Cobo tiene depositada su confianza en el diácono permanente Fausto Marín Chiva, con quien hizo equipo en años atrás cuando empezaron a surgir diversos bandos dentro del núcleo duro de las que controlaban las cuentas del arzobispado madrileño.