La persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua ha escalado en los últimos años bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La última fechoría del régimen de Ortega contra la Iglesia católica se ha producido esta misma semana en la que se ha ordenado la expulsión de más de 30 monjas clarisas. Las religiosas fueron sacadas de los tres monasterios nicaragüenses de Managua, Matagalpa y Chinandega la noche del 28 al 29 de enero. Mientras tanto, las fuerzas aliadas de Ortega aprovecharon para saquear los conventos.
Grave persecución contra la Iglesia en Nicaragua
Desgraciadamente, la expulsión de estas religiosas del país es un ataque más de Daniel Ortega contra todo aquello que guarde relación con la Iglesia. En enero de 2023, el sacerdote Óscar Benavidez Dávila fue condenado por «conspiración» y «propagación de noticias falsas», enfrentando una pena de ocho años de prisión. Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo en Mulukukú, fue detenido tras oficiar una misa en agosto de 2022.
En noviembre de 2024, el obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue desterrado a Guatemala tras criticar públicamente a un alcalde sandinista por interrumpir una misa. Herrera se convirtió en el tercer prelado expulsado del país, después de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Mora.
La represión también ha afectado a medios de comunicación católicos. En julio de 2024, el gobierno ordenó el cierre y confiscación de los bienes de Radio María, una emisora administrada anteriormente por el obispo Álvarez, quien había sido un crítico destacado del gobierno antes de su exilio.
Estas acciones forman parte de una campaña más amplia que incluye la disolución de organizaciones no gubernamentales. Desde 2018, más de 5.600 ONG han sido prohibidas en Nicaragua, muchas de ellas de carácter religioso, empresarial, médico y educativo.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación. En enero de 2024, el Papa Francisco manifestó su «profunda preocupación» por la persecución contra la Iglesia en Nicaragua, destacando que obispos y sacerdotes habían sido privados de su libertad.
A pesar de la liberación de 135 presos políticos en septiembre de 2024, incluyendo a miembros de la Iglesia evangélica, la represión contra la Iglesia católica y otras instituciones religiosas continúa, evidenciando el control que el régimen busca ejercer sobre la sociedad nicaragüense.
Estas medidas reflejan una estrategia del gobierno de Ortega para silenciar a voces críticas y consolidar su poder, afectando gravemente la libertad religiosa y los derechos humanos en el país.