En un tiempo en el que se tacha de insolidario cualquier intento de regular los flujos migratorios, resulta refrescante recordar que la Iglesia, lejos de caer en slogans simplistas, ha ofrecido siempre un marco prudente y realista para abordar esta cuestión. Así lo muestra la Pontificia Comisión Justicia y Paz en su documento de 1988, La Iglesia y el racismo: Hacia una sociedad más fraterna.
El texto subraya que corresponde a los poderes públicos determinar el número de refugiados o inmigrantes que su país puede aceptar, teniendo en cuenta las posibilidades reales de empleo, desarrollo y las urgencias de los necesitados. Pero lo más llamativo de este mensaje es su insistencia en evitar desequilibrios sociales graves, ya que estos pueden desembocar en fenómenos de rechazo sociológico. Según el documento, un exceso de concentración de personas de otra cultura puede ser percibido como una amenaza directa a la identidad y costumbres de la comunidad local que las recibe.
Este enfoque, que combina la compasión por los necesitados con la prudencia y el bien común, no encaja con la narrativa dominante que acusa de xenofobia cualquier intento de proteger la cohesión social. Pero lo cierto es que esta postura de la Iglesia, aunque olvidada o ignorada por muchos, es más actual que nunca.
El discurso contemporáneo sobre la inmigración parece olvidar que la caridad no implica desentenderse de la realidad. La apertura incondicional, sin previsión ni límites, no solo pone en peligro a las comunidades receptoras, sino que también crea frustración y marginación en aquellos a quienes se intenta ayudar. La prudencia, una virtud cristiana fundamental, brilla por su ausencia en los debates actuales.
Resulta irónico que sean políticos, no religiosos, quienes se atrevan a plantear las preguntas difíciles: ¿cuántos podemos integrar realmente sin romper nuestra sociedad? ¿Qué hacemos para evitar choques culturales que enciendan la mecha del rechazo? La Iglesia ya dio estas respuestas hace décadas, pero pocos están dispuestos a escucharlas.
Quizá sea hora de que, en lugar de plegarnos al discurso del momento, reivindiquemos las enseñanzas de nuestra fe, que combinan justicia, prudencia y caridad. Como siempre, la solución cristiana está lejos de ser la más fácil, pero es, sin duda, la más auténtica.
Traducción íntegra del texto citado:
“Por supuesto, corresponde a los poderes públicos, responsables del bien común, determinar el número de refugiados o inmigrantes que su país puede aceptar, teniendo en cuenta sus posibilidades de empleo y perspectivas de desarrollo, pero también la urgencia de la necesidad de otras personas.
El Estado también debe asegurarse de que no se cree un desequilibrio social grave que esté acompañado por fenómenos sociológicos de rechazo, como los que pueden ocurrir cuando una concentración excesiva de personas de otra cultura es percibida como una amenaza directa a la identidad y las costumbres de la comunidad local que las recibe.”
(La Iglesia y el racismo: Hacia una sociedad más fraterna, 1988).