El Gobierno socialcomunista de España ha encontrado la excusa perfecta para iniciar la guerra contra la Iglesia española: las famosas terapias de conversión.
Una asociación homosexualista cuyo líder se refiere a sí mismo como «nosotras» siendo él (aparentemente) varón, ha presentado una «denuncia» ante el Ministerio de Igualdad. La realidad como siempre supera a la ficción ya que el grueso de la acusación son charlas realizadas en algunas parroquias de varias diócesis españolas en donde personas con tendencia homosexual cuentan su experiencia de vida y de fe viviendo la castidad y en continencia. Estos testimonios son los que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha utilizado para armar una pseudodenuncia contra varias diócesis españolas.
Toda esta película artificial ha servido al Ministerio de Igualdad, ese chiringuito con un presupuesto de 500 millones de euros que no sirve para nada, para abrir un expediente para incoar la denuncia presentada por esta asociación.
Según la nota de prensa del Ministerio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió el martes con el presidente de la entidad, Saúl Castro, «quien le ha trasladado los detalles de la denuncia que interpuso hace unos días ante el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+».
Ante esta situación, el Ministerio gestionado por el PSOE ha anunciado que van a analizar el contenido de la denuncia para «estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias».
En la nota difundida se detalla que la ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe por primera vez “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”.
Amenazas de multas económicas a diócesis y medios críticos
Además, recuerda que esta ley (que solo VOX propone derogar) establece sanciones que van desde los 200 hasta los 150.000 euros y que conllevan la prohibición de recibir ayudas públicas, en función de la gravedad de los hechos. Una amenaza en toda regla contra las diócesis españolas que aparecen citadas en esa pseudodenuncia. De ahí, que varias de esas diócesis salieran corriendo a emitir comunicados (como Barcelona o Getafe) para desvincularse por completo de esas acusaciones.
El Ministerio de Igualdad también amenaza a los medios críticos que no tragan con sus leyes y discursos avisando de que las infracciones graves contemplan la no retirada de expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando, habiéndoles pedido que lo retiren, no lo hagan. Serán sancionadas con multa de 2.001 a 10.000 euros.