El Santo Padre ha establecido nuevas disposiciones en dos motu proprio publicados el martes 16 de enero de 2024.
«Considerada la necesidad de determinar mejor los mencionados límite y modo, promoviendo la flexibilidad, el dinamismo y una transparente eficiencia en el desempeño de las funciones de las Instituciones curiales, de las Oficinas de la Curia Romana, de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a Ella, indicadas en la lista anexa al Estatuto del Consejo de Asuntos Económicos sólo en lo que respecta a las actividades administrativas y financieras de dichos Entes, establezco que se deba observar lo siguiente», reza el nuevo motu proprio de Francisco.
El Papa ha dispuesto que se establezca que una entidad vaticana está obligada a solicitar la aprobación del Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos «cuando el acto supera el 2% de la cifra resultante de la media calculada sobre el total de los costes del Ente que lo requiera, tal como resulta en los balances anuales aprobados relativos a los últimos tres años». «De todas formas, para los actos cuyo valor sea inferior a 150.000,00 € no se necesita aprobación».
En otro punto del documento se fija en 30 días el límite para recibir la aprobación, más allá del cual incluso la falta de respuesta equivale a la concesión de la solicitud, y en cualquier caso se indica que este procedimiento «debe concluir en un plazo máximo de 40 días».
Además, en el primer artículo del apartado 2 aclara, redefiniendo en cuatro puntos con respecto a 2020, los objetivos perseguidos por la normativa, en conformidad, dice, «con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, el ordenamiento canónico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Carta Encíclica Laudato si'».
Los cuatro puntos se refieren a «la utilización sostenible de los fondos internos», «la transparencia del procedimiento de adjudicación», «la igualdad de trato y la no discriminación de los licitadores» y «la promoción de una competencia efectiva entre los licitadores, en particular mediante medidas contra los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción».