Aunque hace dos semanas el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, negó (como no podía ser de otra manera) cualquier discrepancia entre los obispos con Cremades, lo cierto es que la paciencia de algunos se ha agotado.
InfoVaticana fue el único medio que preguntó en la rueda de prensa en Añastro de hace dos semanas por la auditoria de Cremades que acumula un retraso de varios meses y parece ser que va a seguir retrasándose. García Magán confirmó que Javier Cremades y dos miembros de su equipo presentaron en la Permanente de esa semana a los obispos la situación en la que se encuentran los trabajos.
El obispo auxiliar de Toledo aseguró que la nueva fecha para entregar el trabajo definitivo -según el despacho de Cremades-, será en dos semanas, plazo que concluye ahora. Ya entonces García Magán remarcó que «a los obispos no nos gustan los retrasos» pero que están «con paciencia» esperando los resultados. Al mismo tiempo, subrayó que para respetar la independencia de los trabajos, no han querido interferir en el modo de realizar el encargo. El obispo auxiliar de Toledo también confirmó por primera vez que dará a conocer la cantidad de dinero que ha desembolsado la CEE por una «cuestión de transparencia». En el mes de marzo, preguntado por esta misma cuestión no quiso confirmar si harían público ese dato.
10 días de plazo
Este informe debería haberse presentado en marzo del 2023, por lo que el retraso que acumula Cremades es notorio, con todo el gasto extra que eso supone para las arcas de la Conferencia Episcopal.
Esa paciencia de la que hablaba García Magán en rueda de prensa parece haberse terminado. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha dirigido una carta a Cremades & Calvo Sotelo en la que le exige que en el plazo de 10 días le entregue el informe sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, investigación que el despacho de abogados inició en febrero de 2022.
Fuentes próximas a la CEE han informado a EFE que la carta fue entregada este martes al despacho de abogados y en ella se advierte de que, si no se cumple el plazo establecido de 10 días, la Conferencia Episcopal entenderá que se han incumplido las condiciones del contrato.
Las mismas fuentes han lamentado los sucesivos retrasos en la presentación de las conclusiones del informe y, aunque admiten la complejidad del asunto, señalan que el «grueso» de la investigación está hecha y que los abogados han hablado ya con los institutos de la Conferencia Española de Religiosos (Confer) -unos 400- y con todas las diócesis. De hecho, los obispos han podido ver unos 2.000 folios del estudio, por lo que no entienden el retraso.
De todos modos, la publicación de los datos no se hará pública a los medios hasta que no termine el Sínodo de la sinodalidad. ¿Habrá sorpresas en el informe? ¿Habrá sido Cremades capaz de verificar todos los casos? ¿Serán cifras reales o aproximaciones? ¿Dirán cuánto ha costado? Son preguntas que deberán contestar los autores del informe y los demandantes del mismo.