Los obispos españoles han emitido un comunicado a consecuencia de las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, Álvaro García.
El Fiscal General criticó la «escasísima información» sobre abusos sexuales a menores proporcionada por la Conferencia Episcopal y las diócesis y congregaciones religiosas.
De nuevo, la CEE a remolque de lo que dicte El País y la opinión pública, ha salido al paso de estas declaraciones. Mientras el despacho de Cremades sigue su curso con la investigación, la CEE afirma que «mantienen una decidida relación de colaboración con la Justicia, y en concreto, con la Fiscalía, dentro de los límites que la propia Ley permite».
«La CEE remitió a la fiscalía, los relatos sobre denuncias de abusos recibidos por El País para que pudiera investigar los hechos denunciados por este periódico», dicen los obispos en el comunicado.
Por otro lado, la Iglesia española subraya que la Fiscalía solicitó a las diócesis “información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad”. «A la vista de las funciones recogidas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, produce extrañeza esta solicitud del Fiscal General».
A pesar de ese pequeño dardo contra el Ministerio Fiscal, la CEE detalla que «las diócesis, en la línea de lo reiterado por la Santa Sede en numerosas ocasiones, comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad recabadas en las Oficinas en cuanto tienen conocimiento de ellas».
«Las denuncias o testimonios recabados de menores en las oficinas ya se han remitido a la Fiscalía en la forma prevista por la Ley.
Además, quiere reiterar su disposición absoluta a colaborar en el esclarecimiento de todos los casos y hace un llamamiento a todos los poderes del Estado a trabajar conjuntamente en favor de todas las víctimas», concluye el comunicado.
Mientras tanto, se sigue poniendo el foco en investigar de manera especial y efusiva los casos de abusos en el seno de la Iglesia, que por supuesto hay que erradicar. Cremades, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, El País y el Congreso investigan a la Iglesia, lugar donde se producen el 0,2% de los casos de abusos.