(Piero Vietti en Tempi)-Cada vez hay más personas en Estados Unidos que son despedidas por sus opiniones políticas no progresistas y, todo esto, con la aprobación de los jueces. Se necesitan nuevas leyes para frenar la nueva discriminación, escribe el Wall Street Journal.
Los políticos republicanos se preguntan a menudo qué pueden hacer para, una vez en el poder, combatir la ideología woke. En mejor enfoque es cambiar las leyes estatales y federales de derechos civiles para proteger a los empleados de la discriminación por sus creencias políticas. Este tipo de discriminación es injusta y generalizada, un factor de polarización y una consecuencia directa de la forma en que se han interpretado las leyes de derechos civiles existentes: un error legal que requiere una solución legal. Tienes las ideas claras Vivek Ramaswamy (hablamos de él aquí) que, junto al abogado y profesor de Derecho de Yale Jed Rubenfeld, hizo un llamamiento en el Wall Street Journal para explicar que es la única forma de frenar el creciente número de despidos que se producen en las pequeñas y grandes empresas estadounidenses a causa de las opiniones no mayoritarias sobre política y género de algunos empleados.
De la Ley de Derechos Civiles a los despidos por opiniones políticas
La historia es bien conocida, Tempi ha estado hablando de ello desde hace tiempo. En Estados Unidos, primero las universidades, luego el mundo de la cultura y el espectáculo y, por último, el mundo del trabajo, están siendo atravesados por una ola de peligrosa corrección política que ha restringido de hecho la libertad de expresión hasta el punto de convertirse en el criterio por el que se contrata o despide a alguien. ¿Cómo es posible?
«En la firma de la Ley de Derechos Civiles de 1964», explican los dos autores, «el presidente Lyndon B. Johnson declaró que esa legislación ‘acabaría con las divisiones’ y dijo a los estadounidenses que ‘dejaran de lado las diferencias irrelevantes y que hicieran que nuestra nación estuviera unida’. Pero aunque la ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo y religión, no protege las creencias políticas, y hoy las empresas de todo Estados Unidos están despidiendo a los empleados que expresan opiniones políticas equivocadas».
Cuidado con criticar a quien no se puede criticar
¿Algunos ejemplos? La actriz de The Mandalorian, Gina Carano, comparó el tratamiento de los conservadores en las redes sociales con la persecución nazi de los judíos. Disney, para la que trabajaba Carano, calificó su post de «repugnante e inaceptable» y la despidió. Otro actor que protagonizó con ella la misma serie, Pedro Pascal, comparó a los partidarios de Trump con los nazis y no sufrió ninguna consecuencia. Grant Napear, locutor de los Sacramento Kings desde hace mucho tiempo, perdió su trabajo por tuitear «Todas las vidas importan».
Un profesor de instituto de Virginia fue despedido por negarse a utilizar los «pronombres favoritos» de un alumno. Una empresa de software ha despedido a un empleado por publicar un vídeo en TikTok en el que se quejaba de los pequeños comercios regentados por puertorriqueños en el Bronx. Un editor de USA Today fue castigado por tuitear que «las personas embarazadas también son mujeres».
La mano del Tribunal Supremo
Pero si gracias a la Ley de Derechos Civiles no te pueden despedir por expresar tus creencias religiosas o tu identidad de género, ¿por qué te pueden despedir por tus creencias políticas?
La respuesta, según explica el artículo del WSJ, se encuentra en una serie de casos del Tribunal Supremo que, a partir de una sentencia de 1986, interpretaron la Ley de Derechos Civiles de forma amplia para proteger a los trabajadores de categorías protegidas del «acoso», término que, según los jueces, incluye la «conducta verbal» que crea «un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo». «Desde entonces han estallado las controversias sobre lugares de trabajo hostiles y hoy en día las opiniones o los símbolos políticos percibidos por las minorías o las mujeres como ofensivos o degradantes pueden crear ‘entornos de trabajo hostiles» ilegales que someten al empleador a la responsabilidad».
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Por eso, las Comisiones de Igualdad de Oportunidades y los jueces federales empezaron a recoger las quejas de quienes se sentían ofendidos por aquellos que, en su lugar de trabajo, exhibían, por ejemplo, una pegatina de la campaña de Trump o una gorra con la famosa bandera de Gadsden, o criticaban el hecho de arrodillarse antes de los partidos, o hablaba mal de Obama. En todos estos y otros muchos casos, bastaba con que el denunciante «sintiera» que había racismo en el comportamiento del otro para que el juez condenara al empresario por permitir el acoso.
Por lo tanto, si «las empresas son responsables cuando los empleados expresan esas opiniones, es mejor suprimirlas». Y a los que señalan el doble rasero -es el caso de Goodyear, que permite a los empleados llevar camisetas que digan Black Lives Matter pero no las que digan Make America Great Again– se les responde que el objetivo es mantener el entorno laboral libre de «cualquier forma de acoso o discriminación». Hasta llegar a la paradoja de Southwest Airlines, que despidió a una auxiliar de vuelo que publicó posts antiabortistas en Facebook porque podría haber violado la política de la compañía contra el acoso sexual.
Las grandes empresas y la cultura de la cancelación
Interpretación más amplia tras interpretación más amplia, lo que ha sucedido es que «las leyes que prohíben la discriminación racial y sexual se han convertido en motores no solo de represión sino también de coacción», señalan Ramaswamy y Rubenfeld. Otros ejemplos: «Un profesor de la Universidad del Norte de Texas fue despedido ‘por negarse a repetir un punto de vista -el concepto de microagresiones- con el que no estaba de acuerdo’. Un hospital de Texas despidió a una enfermera por oponerse a un curso obligatorio que la obligaba a admitir que era racista por ser blanca».
Los dos autores afirman que para muchos empresarios «la prohibición de la discriminación de los puntos de vista sería una liberación, no un freno. Numerosos directores generales de grandes empresas nos han dicho en privado que no quieren formar parte de la cultura de la cancelación ni participar en guerras culturales. No quieren imponer una ideología en su lugar de trabajo; se sienten obligados a actuar debido a la presión de los activistas y de los empleados, respaldados por la amenaza de un litigio en el lugar de trabajo». Como en muchos casos de autocensura, en definitiva, se sigue la corriente principal por miedo y no por convicción.
La batalla ya no es solo cultural, se necesitan leyes
¿Qué hacer, entonces, se preguntan el autor de Woke, Inc. y el jurista de Yale? La batalla ya no es solo cultural, no es solo un choque dialéctico entre dos visiones del mundo, sino que se ha trasladado al plano jurídico y legislativo.
Si garantizar la libertad de opinión y expresión para todos en el lugar de trabajo es demasiado complicado, sí que podría llevarse a cabo al menos en el caso de los funcionarios, «que ya están protegidos por la Primera Enmienda contra la discriminación por motivos de opinión política. Los empresarios no pueden sancionar a un empleado por sus opiniones políticas expresadas fuera de la empresa, pero pueden establecer normas para que haya neutralidad durante las horas de trabajo. Una empresa podría decir ‘fuera las gorras políticas’, pero no podría favorecer a BLM sobre MAGA. Estas normas no han dado lugar a desafíos impracticables ni a explosiones neonazis en los centros de trabajo de la Administración».
Las empresas, concluyen los dos autores del Wall Street Journal, «unen a sus empleados en una causa común que trasciende la política: crear, innovar, servir a los clientes y generar riqueza juntos. Proteger la expresión política como un derecho civil respetaría la admonición de Johnson de dejar ‘de lado las diferencias irrelevantes y hacer que nuestra nación esté unida'».
Publicado por Piero Vietti en Tempi
Traducido por Verbum Caro para InfoVaticana
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