Como en ocasiones suele ocurrir, algunos cambios realizados por el obispo suelen causar conmoción entre algunos feligreses.
En estos últimos meses se han publicado algunas cartas abiertas dirigidas al Obispo sobre el asunto del traslado del párroco de Aguilafuente. «Dado que el contenido de dichas cartas ha podido crear confusión entre los fieles, y pasado un tiempo prudencial para la reflexión, nos parece necesario hacer públicas las siguientes aclaraciones», informa la diócesis de Segovia.
El obispado deja claro desde el primer momento, que «el nombramiento de los sacerdotes es responsabilidad exclusiva del Obispo quien, asesorado por el Consejo Episcopal y en diálogo con los afectados, les expone las razones del nombramiento, traslado o cese».
La diócesis asegura que «sí se ha hecho este año con todos los sacerdotes que han sido trasladados de sus parroquias, incluido el párroco de Aguilafuente, con quien se han tenido al menos tres conversaciones: dos con uno de los vicarios episcopales y una con el propio Obispo».
De este modo, desmienten que no se haya hablado previamente con el sacerdote y dicen que esos comentarios «no responden a la verdad». Al mismo tiempo, desde la diócesis de Segovia aclaran que «tanto lo tratado en los órganos de consejo del Obispo, como las conversaciones privadas del obispo con los sacerdotes, están amparadas por el secreto, como sucede en cualquier institución que se tenga por seria. El Obispo, como es obvio, debe mantener la reserva que conlleva su cargo».
Por otro lado, el obispado recuerda que «cuando un obispo o un sacerdote cumple 75 años, el Código de Derecho Canónico prescribe que dirija una carta al Papa o al obispo, respectivamente, presentando su renuncia al cargo que ostenta. El Papa o el obispo puede aceptarla de inmediato o dilatar la aceptación hasta el momento en que, debido a las circunstancias personales y pastorales, considere más oportuno y prudente».
Además, la diócesis que pastorea César Franco insiste en que «la idea de que un sacerdote tiene «derecho» a estar en una determinada parroquia no corresponde ni a la naturaleza de su ministerio —que requiere la total disponibilidad prometida en la ordenación—, ni a la naturaleza eclesial de la parroquia, que no es propiedad del sacerdote, como dejó claro la reforma del Concilio Vaticano II con la supresión de las «parroquias en posesión».
Ante las presiones recibidas, el obispado no duda en señalar que «estos asuntos de la Iglesia no se resuelven bajo presión de recogida de firmas o de cartas abiertas al obispo a través de la prensa, máxime si se parte de informaciones sesgadas y posiciones preconcebidas, o se recurre, en alguna de ellas, al insulto, la descalificación o ciertas actitudes de amenaza que se invalidan por sí mismas. Tampoco las cartas sin firmar son dignas de consideración. Por otra parte, proponer soluciones pastorales cuando se desconocen todos los datos, que afectan no solo a la parroquia en cuestión, sino al bien general de la diócesis, supone, cuando menos, una enorme ligereza».
Por último, la diócesis aclara que «no se ha lesionado ningún derecho de las personas ni de las comunidades» al mismo tiempo que resulta «gratificante comprobar el aprecio de las comunidades a sus sacerdotes. Y es comprensible que los cambios producen en ocasiones tristeza y cierta frustración, pero no hay que olvidar que los cristianos, como dice san Pablo, no somos de Pedro, de Pablo o de Apolo, sino de Cristo, y debemos trabajar por el bien de toda la diócesis superando los particularismos de las propias comunidades», concluye el comunicado de la diócesis de Segovia.