Que los obispos respalden el perdón, así, en abstracto, es lo que se espera de ellos como representantes, al fin, de la religión del perdón, de modo que si el episcopado de una región elaborara conjuntamente una declaración a favor de una actitud pública de perdón, sin más, no habría más que discutir sobre la conveniencia o no del momento o la ocasión, pero no mucho más.
De igual forma, que los obispos catalanes hayan expresado su apoyo a la medida de gracia propuesta por el gobierno Sánchez en favor de los golpistas del 1-O podría pasar por pío sentimiento si no hediese a una hipocresía evidente.
Es decir, puedes implorar misericordia, pero no mentir, no afirmar lo que de ninguna manera puedes creer, ni apoyándote en argumentos que debes saber falaces y peligrosos, ni usando la compasión como una coartada moral para defender, en realidad, un proyecto político que aplaudes a dos manos.
Así, es imposible, absolutamente, que los prelados crean por una décima de segundo que al gobierno le mueve el deseo de convivencia y el deseo de perdón cuando indulta a personas pertenecientes a partidos cuyos votos precisa imperiosamente para continuar enseñoreándose de todos nosotros y aplicando, por cierto, políticas que se dan de bofetadas con la doctrina católica. Y fingir que se ignora algo tan elemental ya haría repulsivamente hipócrita el manifiesto. Pero es peor.
Así, afirman sin, imaginamos, sonrojarse, que “avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón sinceros, respetando la justicia, ayudará a que los acuerdos que todos esperamos se alcancen pronto”. Uno entiende que la archidiócesis de Barcelona tenga que cerrar la mayor parte de sus parroquias y de que Cataluña sea, junto al País Vasco, la comunidad más descristianizada de España. Es insoportable este nivel de hipocresía, se piense lo que se piense de la conveniencia del indulto o incluso de la separación de Cataluña con respecto al resto de España. Porque los prelados tienen que saber que el “perdón sincero”, para “respetar la justicia”, debe al menos condicionarse al arrepentimiento del delincuente y a su propósito de enmienda. Y cualquiera que sepa leer (o escuchar) sabe que los perpetradores del asalto a nuestras leyes e instituciones (a sus leyes e instituciones) han declarado una y otra vez que están orgullosos de lo que hicieron, que lo volverían a hacer y, peor, que se sienten obligados a volver a hacerlo.
Pero me quedo con esta frase, cuyas consecuencias no han debido medir: “Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, nos mostramos convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto. Creemos que el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”.
Si alguna institución debería mostrarse recelosa al concepto mismo de ir “más allá de la aplicación de la ley” para lograr “un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad”, esa es la Iglesia española y, muy especialmente la catalana. Pronto hará un siglo que en Cataluña se produjeron, por motivos exclusivamente religiosos, 2.441 asesinatos. Entre ellos tres obispos catalanes (sin contar con los que murieron en suelo catalán), 1.538 presbíteros, 824 religiosos y 76 monjas. Y lo que movía a los asesinos de estos mártires no era otra cosa, si les hubieran preguntado, que ir más allá de la aplicación de la ley para el “logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad”.