Ha sido en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la CEE, de la que transcribimos los aspectos más destacados:
Sobre la exhumación de Franco:
Nosotros en este asunto, en lo que compete a la conferencia episcopal, que ha sido dar opinión sobre el asunto porque el tema tiene que ver con la Iglesia local, que es la archidiócesis de Madrid (en donde está ubicado el Valle) es verdad que con una comunidad benedictina —que tiene también sus propios superiores jerárquicos— y con la Santa Sede. Como saben ha habido en todos estos meses unos cruces de cartas entre el Gobierno, a través de la vicepresidenta del Gobierno, y el Secretario de Estado. Simplemente, me remito a leer esta carta que fue escrita ya el 14 de febrero del año 2019. Dice el Secretario de Estado: “Confirmo que la ss respeta plenamente el texto y el espíritu del acuerdo con el estado español sobre cuestiones legales del 3 de enero de 1979, que reconoce y protege las respectivas esferas de competencia y jurisdicción. En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro estado, la ss no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española. La controversia que ahora es objeto de un recurso —se decía entonces en febrero— ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometida al Derecho y a la Justicia española. Sin embargo, deseo reiterar lo que expuse a vuestra Excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano el pasado 29 de octubre, es decir, que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone”. Entonces, ha habido en todo este camino, como sabemos, en estos últimos meses una decisión del Congreso de los Diputados; un decreto-ley del Gobierno de España; un deseo de buscar un acuerdo entre todas las partes que están concernidas en el asunto; la Iglesia también ha tratado de colaborar a llegar a un acuerdo, a propiciar que se llegase a un acuerdo, mejor dicho, y finalmente, el asunto llegó al Tribunal Supremo que acaba de dictar su resolución al respecto. A la comunidad benedictina sigue escribiendo el cardenal Secretario de Estado de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos le fue recordado, y se le seguirá recordando, su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles. Por la concordia de la sociedad española, espero sinceramente —decía el cardenal Parolin— que se pueda hallar una solución consensuada ante un tema tan sensible. Esta es la opinión expresada formalmente por escrito por la ss, que es uno de los firmantes de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español.
Sobre las elecciones:
Bueno, la Iglesia española desea, cómo no, que la sociedad española pueda tener un gobierno que, cumpliendo lo establecido en la Constitución y en toda nuestra normativa pueda resolver tantos asuntos que están pendientes, y en definitiva, llevar adelante la tarea que le corresponde al gobierno de la Nación según lo que expresa la Constitución y nuestras leyes. Entonces, nosotros, a lo largo de las últimas semanas, cuando se ha estado en el debate sobre la posibilidad de constituir un nuevo gobierno, hemos hablado de la importancia de llegar a acuerdos, de poder seguir adelante. Pero en todo caso es verdad que la soberanía reside en el pueblo español y que, si somos convocados a participar en las urnas para tomar nuestras propias decisiones, pues hemos de hacerlo. Yo creo que, desde ahí, algunas de las propuestas que, por ejemplo, el papa Francisco viene realizando en los últimos meses, podrían servir un poco de pista. Él insiste en un camino, a la hora de llegar a acuerdos, en un camino de diálogo que tiene, digamos, las siguientes partes y que nosotros podemos hacer nuestros para proponerlos, como Iglesia española, a los partidos políticos que se presentan y que luego estarán llamados a entenderse a la hora de constituir un gobierno. Es una escucha mutua. El poner el acento en lo que cada cual considera lo esencial a la hora de la consecución del Bien Común, tanto en lo que se refiere a los fines como a los medios. En esa escucha, hacer un esfuerzo por reconocer aquello que en lo que otras formaciones políticas dicen estamos de acuerdo. En qué podríamos estar de acuerdo, tanto en los fines como en los medios. Poder nombrar aquello en lo que estamos en desacuerdo y ofrecer los argumentos racionales que expresan el motivo del desacuerdo. Y desde ahí, desde la escucha, el reconocer los fines compartidos, el reconocer los medios en los que estamos de acuerdo, el poder también poner encima de la mesa los asuntos en los que discrepamos y las razones que tenemos unos y otros, poder llegar a un acuerdo, que pudiera ser de mínimos, en el deseo de que haya un gobierno, después de tanto tiempo que oriente su quehacer al Bien Común y que, ante tantos asuntos pendientes en la vida propia nacional (como los desafíos exteriores de la política internacional, de la economía global) pues puedan responder en el horizonte del Bien Común. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. Después, las notas, la Conferencia Episcopal, a lo largo del tiempo ha ofrecido diversos puntos de criterio. En las últimas elecciones, el presidente de la Conferencia Episcopal, en su discurso inaugural de la plenaria señaló unos puntos, yo mismo, es verdad que con carácter oficioso, no oficial, en nombre de toda la Conferencia, en la revista Ecclesia, planteé unos criterios, y pensamos que habiendo pasado tan pocos meses, pues que no merece la pena ofrecer unos criterios nuevos. Sí poner el acento en lo que tuviera que ver con la capacidad de escucha, de encuentro, de propuesta y de poder salir adelante en un deseo de realizar el Bien Común.
Otra pregunta: Sobre el borrador de decreto general, quería saber si se va a incluir expresamente la obligación de denunciar los posibles casos de abuso actuales y los del pasado que no hubieran prescrito, o incluso los que hubieran prescrito. Sobre la exhumación de Franco quería una aclaración. Usted nos ha leído la carta del cardenal Parolin pero yo quería preguntarle si, tras el fallo del supremo y a la espera de conocer los detalles de la sentencia, si el prior de la abadía podría denegar el acceso al Gobierno a la basílica después de que el Supremo haya avalado la exhumación. Una tercera pregunta: el Tribunal de Cuentas, en 2017, incluyó la fiscalización de las cuentas de la Iglesia católica. Esa fiscalización tiene que estar resuelta, en teoría este año, estamos a tres meses de que acabe el año, quería saber si en este tiempo alguien del Tribunal de Cuentas les ha informado de algo de esta fiscalización, se han puesto en contacto con la Conferencia Episcopal, han sabido algo de ese tema. Gracias.
Son tres preguntas, si las contesto las tres lo mismo me extiendo un poco. Primera: en el decreto general se prevé la obligación de establecer oficinas para recoger las denuncias y por supuesto, que cualquier persona que conozca la realización de un delito tiene la obligación de denunciarlo. Evidentemente, aquellos delitos que no estén prescritos, esa obligación también se mantiene. Respecto a la cuestión de la exhumación de Franco: el abad, el prior, perdón, del Valle de los Caídos, que no es abad, pero he mencionado el término abad porque en definitiva su superior jerárquico es el abad de Solepsmes, de la congregación benedictina llamada de Solepsmes que tiene su dirección en Francia y en último término la ss. Es verdad que los monasterios tienen esta vinculación eclesial: su propia congregación y la propia ss. En todo caso, yo creo que el propio prior ha (creo, porque lo sé solo a través de los medios) ha manifestado su deseo de conocer la sentencia en todo su tenor y también ha dicho que estaría a la escucha de lo que sus superiores jerárquicos le dijeran. O sea que estas dos cuestiones están ahí, encima de la mesa. (…) que ha habido una referencia hecha a la propia familia pero, en este caso, y esto expreso mi opinión personal, yo creo que en el caso de la inhumación de Franco, cuando se produjo su fallecimiento en el año 75, la decisión fue una decisión de las autoridades del Estado y que, por tanto, la significación del propio general Franco, dentro del respeto, por supuesto que sus restos mortales merecen y que han de ser siempre cuidados por la dignidad que todos los seres humanos llevamos consigo, en todo caso pues hace que también quien pueda intervenir no sea solo la familia, como de hecho ha ocurrido. Pero insisto en que el prior seguro que tendrá en cuenta la opinión del abad general y lo que la ss a través del Secretario de Estado ha manifestado y que pudiera si desea consultarle pues manifestar en este momento. Respecto del último asunto, el del Tribunal de Cuentas: la Iglesia española persenta, anualmente, en tiempo, la memoria de la justificativa de las actividades que realiza. Lo hacemos en un acto público que no tiene en este caso un valor administrativo, pero sí que lo hacemos, yo mismo, el día 3 de septiembre (quisimos hacerlo en julio pero no fue posible por problemas de agenda en el Ministerio de Justicia) acudí a la dirección general correspondiente del Ministerio a llevar, no solo la memoria que se les repartió a ustedes en julio, sino tres volúmenes con toda la información justificativa de esa memoria y fue presentada. Pero yo creo que sí que es importante caer en la cuenta de una cosa. Cuando la asignación tributaria no es una partida del presupuesto de carácter finalista, en el sentido, por ejemplo, hay otros dineros que la Iglesia recibe a través del presupuesto del Estado, por ejemplo, lo que tenga que ver con la educación concertada, o lo que tenga que ver con determinados servicios sociales, o lo que tenga que ver con la conservación del patrimonio. Entonces, el Tribunal de Cuentas fiscaliza aquello que tiene que ver con lo que el presupuesto del Estado dice, estos son los ingresos, estos son los gastos, y se dice en el presupuesto para qué hay que gastar ese dinero. La asignación tributaria es un ejercicio de democracia fiscal. Cada año los contribuyentes españoles deciden poner la cruz, o no ponerla, y ese dinero de asignación tributaria se da globalmente a la Iglesia en España para la realización de cualquiera que sean sus actividades. Nosotros ofrecemos, cada año, cuando todo el ejercicio fiscal ha concluido, la memoria en un acto público presentado a toda la sociedad española y a las comunidades cristianas, diciendo en qué nos hemos gastado el dinero. Pero es que además, se presenta a las autoridades del Estado, siguieron nuestro cauce, quien tiene la relación con las Iglesias y las confesiones religiosas, es una dirección general del Ministerio de Justicia. Nosotros, cada año, presentamos, insisto, en unos volúmenes y también en un soporte digital, el respaldo de todas esas actividades y hasta ahora no hemos recibido, ni por parte del Ministerio de Justicia, ni por parte del Ministerio de Hacienda, ni por parte del Tribunal de Cuentas, ninguna solicitud que, por supuesto, reitero que nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones que se nos pidan. Pero, insisto: no es lo mismo en el presupuesto general del Estado la asignación tributaria, que es un ejercicio de democracia fiscal, que quien dirige el destino global de esos bienes es el contribuyente, que cuando en una partida del presupuesto se decide este dinero para la educación concertada, por ejemplo, o este dinero para contribuir a la reparación de bienes de interés cultural o este dinero… entonces claro, hay que fiscalizar si verdaderamente ese dinero de la concertada se ha aplicado convenientemente o para servicios sociales o para el patrimonio cultural. Pero tiene un tratamiento fiscal distinto. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas, en sus memorias habla del programa de ingresos y gastos contenidos en los presupuestos del Estado haciendo una distinción entre la asignación tributaria y el resto de las partidas que pudieran llegar a alguna entidad eclesial.
Informativos T5 pregunta sobre el nieto de Franco y la decepción que siente por la actitud de la Iglesia
¿Cómo no comprender la situación de las familias cuando hablan de sus seres queridos? No quiero entrar en ningún tipo de polémica pero sí quiero decir que no hemos recibido ningún tipo de presión, ni tampoco hemos sido equidistantes. Hemos querido desde el principio hacer un llamamiento a un acuerdo. Hemos dicho que muchas veces la propia Ley de Memoria Histórica y su uso, que tiene elementos evidentes de justicia, con víctimas que precisan ser reconocidas, incluso ser enterradas aquellas que están en las cunetas o fosas comunes, pero que nunca deseamos que pueda ser un instrunmeto del que se haga bandera política, que se utilice en campañas electorales, y que sirva para reabrir heridas entre los españoles. Todos tenemos nuestra propia historia, en nuestras familias y en el conjunto de la Iglesia en España. El ejercicio que se hizo desde finales de los 70 en la transición de reconciliación, de amnistía, de mirar hacia adelante, no se debe de perder, pero llegados ya a una cuestión en la que el propio parlamento se pronuncia, respecto a la resignificación del valle de los Caídos, en el que el gobierno se manifiesta por un Decreto Ley, instrumento legítimo pero que no deja de tener cierta excepcionalidad, y un decreto ley para un caso, no una legislación general, máxime cuando en el Valle hay personas inhmadas que no fueron caídos de la Guerra Civil, que es el argumento fuerte que se puede dar en el caso del General Franco. ¿No les parece que es hora de mirar hacia adelante? Hora de sellar la reconciliación, hora de no hacer un uso ideológico o partidista en campañas electorales de un asunto doloroso para tantas de nuestras familias.
La postura del arzobispado de Madrid es la de respetar la decisión de las autoridades españoles, y por tanto no oponerse a la exhumación del General Franco.
Sobre el prior, y en el caso de que se oponga a la exhumación:
El prior, seguramtne está obrando en función de su conciencia, segundo, ante el deber que tiene también de realizar una encomienda y de poner al menos en discusión lo que pueda tener que ver con la inviolabilidad de los lugares de culto, esas cosas las pone encima de la mesa, y seguramente el prior tiene el deber de hacerlo, otra cuestión es que cuando conozcamos la sentencia veremos si la sentencia ha entrado en valorar esta cuestión, que por lo que yo he podido conocer había apoyos a la hora de comprender la inviolabilidad de los lugares de culto apoyados en el código del 17, pero es verdad que la situación de la Iglesia en Espaañ tiene un nuevo código, unos acuerdos Iglesia-Estado, una libertad religiosa, que es una situación diferente… Los mediadores, que les corresponderá ayudar al prior a tomar su decisión, son el abad de Solesmes y la propia Santa Sede.