El Banco Popular ha sido durante las últimas décadas la institución financiera de confianza para la gran mayoría de instituciones católicas. Según fuentes del propio banco, la totalidad de los obispados tiene cuentas corrientes y de ahorro en el Popular, y muchas de ellas habían acudido con sus ahorros, invitadas a ello por los responsables del banco, a la ampliación de capital que tuvo lugar el año pasado a 1,25 euros por título. También centenares de congregaciones religiosas tenían sus depósitos de ahorro en el banco, y habían acudido a las ampliaciones de capital, así como numerosas parroquias.
Según ha podido saber InfoVaticana de fuentes del propio banco, la Conferencia Episcopal también tiene depósitos en el banco, y habría adquirido un paquete de acciones, «no significativo ni para el banco ni para la Conferencia».
Si bien es cierto que los depósitos no corren riesgo, todas las cantidades invertidas en acciones se han perdido por completo, al menos hasta que los juzgados resuelvan una situación que ha dejado a más de 300.000 inversores sin sus ahorros, mediante una decisión política que llevó a cero el valor del banco, confiscando todas las acciones a los titulares, y adjudicando el 100% del capital social al Banco Santander por 1€.
Con esa decisión, familias vinculadas a la prelatura del Opus Dei, agrupadas en torno a Unión Europea de Inversiones, la sociedad que utilizan para gestionar sus inversiones, perdieron en un solo día más de 150 millones de euros, la totalidad de sus inversiones según señala el auditor en las últimas cuentas anuales, que se suman a las pérdidas arrastradas en los últimos años, en que las acciones del banco se habían visto depreciadas en más de un 95% en los últimos 3 años. Las pérdidas reales, por tanto, acumuladas, superan con creces los 1.000 millones de euros.
El pasado año Unión Europea de Inversiones formalizó dos operaciones de financiación por valor de 230,8 millones que empleó para cancelar todas las operaciones anteriores con entidades de crédito. Dicha financiación y la constitución de su accionariado, integrado por fundaciones igualmente vinculadas al Opus Dei, puede provocar una cascada de situaciones críticas de las mismas a raíz del descalabro del valor de la acción de Banco Popular.
Según informa Voz Pópuli, en el capital de Unión Europea de Inversiones participan fundaciones igualmente vinculadas al Opus Dei. Con el 18,7% del capital, a 31 de diciembre de 2016, se sitúa Fundación Fondo para Atenciones Sociales, constituida en 1986, dedicada, según explica en su web, a «la promoción, desarrollo, protección y fomento de lo socio-cultural, todo ello encaminado a la satisfacción de necesidades de todo orden, morales o físicas (…)». La fundación está presidida por Carlos Figuero, que es también gerente del patronato de Torreciudad, el santuario construido en Huesca promovido por el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer.
También se verán afectadas por la confiscación del banco las instituciones educativas y sanitarias vinculadas a la prelatura, que contaban recurrentemente con importantes donaciones del Popular para sus proyectos. Sin ir más lejos, y según fuentes del propio banco, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra recibió una donación de 25 millones de euros del banco, una donación que con la nueva composición accionarial de la entidad financiera es impensable que se repitiera.
Una profesora de la UNAV, responsable de lo ocurrido
El papel de Reyes Calderón, la exconsejera coordinadora independiente del Banco Popular, es clave para entender la quiebra de la que no hace pocos años era la entidad más solvente y rentable no sólo ya del sistema bancario español, sino de toda Europa. Ayer, 7 de junio de 2017, fue comprado por el Banco Santander por un euro, cuando en noviembre del año pasado el BBVA ofreció 6.700 millones.
Fue precisamente en noviembre de ese año cuando Reyes Calderón se puso manos a la obra con su plan para desbancar a Ángel Ron de la presidencia del Banco Popular. Para ello, y según relata intereconomia.com, contrató al prestigioso despacho de abogados Alemany, Escalona & de Fuentes, como presidenta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno del banco, para que le ayudaran en el proceso de relevo.
Calderón, doctorada en Económicas en la Universidad de Navarra y profesora en esa facultad, propiedad del Opus Dei, fue la que pilotó el relevo de Ron, de acuerdo con los accionistas mexicanos representados por Antonio del Valle, y la que trató el asunto con el Banco de España. Reyes Calderón, que también es novelista, ha escrito la página más negra de la historia del Banco Popular.