La prohibición de acceso a personas con tendencias homosexuales, vigente en todos los seminarios católicos, supone una infracción grave sancionada con multa de 3.000 hasta 20.000 euros cuando entre en vigor la totalitaria Ley Cifuentes.
Aunque puedan creer que sí, que solo es una amenaza para los padres de familia, los obispos y sacerdotes católicos no escapan a la «caza de brujas» que se desencadenará de llegar a aplicarse la nueva Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 14 de julio, por la totalidad de los partidos.
El caso de un sacerdote en Villalba al que intentaron reprobar en el pleno del Ayuntamiento por una homilía crítica con la ley de transexualidad madrileña es tan sólo un ejemplo de las consecuencias de las leyes LGTB que, en la práctica, condena la doctrina católica sobre la homosexualidad y la transexualidad.
El seminario de Madrid también podría verse afectado por la aplicación de la nueva ley de LGTBfobia. La Iglesia católica prohíbe el acceso al seminario de las personas con tendencias homosexuales y la nueva ley, bajo el pretexto de condenar y perseguir la homofobia, impone sanciones de 3.000 a 20.000 euros a quienes impidan «el acceso a un servicio público o establecimiento por causa de orientación sexual» o realicen actos que «impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público» por razón de orientación sexual.
La Congregación para la Educación Católica y la Congregación para el Culto Divino establece en la Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas que la Iglesia «no puede admitir al Seminario y a las Órdenes Sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay».
De esta forma, se prohíbe la ordenación sacerdotal de personas con tendencias homosexuales, un hecho que el legislador autonómico considera «discriminatorio» y que está recogido en el texto de la norma como una «infracción grave» sancionada con multas, la prohibición de acceder a cualquier ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un periodo de un año y la prohibición de contratar con la Administración.
El importe de las multas, elevadísimo, y la imposibilidad de las instituciones católicas para hacer frente a las mismas, supondrá en la práctica su cierre.
Los laicos ya hemos aceptado que nuestro arzobispo, Carlos Osoro, renuncia a defendernos de los ataques totalitarios del poder político. ¿Deben aceptar también sus seminaristas que el arzobispo les ha abandonado?
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A ver si aprendemos de una vez que al votar al «mal menor» estamos votando un mal también…
Hago un llamado a los juristas que están en contra de esta ley. Desde el momento de su publicación en el boletín correspondiente, el Defensor del Pueblo en 3 meses podría recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Evidentemente, no lo van a hacer de oficio: es necesario que profesionales del derecho, con una sólida argumentación jurídica, hagan patente la inconstitucionalidad de muchos preceptos en una solicitud al Defensor.
Lo ideal sería que la solicitud fuera presentada por asociaciones como Foro de la Familia, Asociación de Abogados Cristianos, etc. Pero si no, sabed que las solicitudes de personas físicas también son atendidas.
Es la última baza que tenemos antes de que la ley se vuelva contra nosotros, y sería muy poco acertado dejarla pasar.
Mejor que cierre la boca.
A partir de ahora, con las leyes aprobadas recientemente en Madrid, los colegios católicos no podrán, p. ej., impedir que un niño se vista con el uniforme de chica o quiera acceder a los vestuarios de éstas, tendrán que aceptar que los colectivos LGTB adoctrinen a los alumnos (obligatoriamente, los padres no pueden oponerse según estas leyes, no lo olvidemos) en la ideología de género aún contra el ideario del centro, y no podrán expulsar a un profesor que abiertamente se declare homosexual (¿os imagináis qué efecto puede tener en los alumnos que un profesor de religión se declarara a favor de las relaciones homosexuales?) y si el centro reaccionase en defensa de lo que no es más que la doctrina católica ahí estarían las amenazas de las sanciones económicas (muy importantes, de hasta 45.000 euros) y hasta con la pérdida del concierto escolar.
Que digan lo que quieran, pero esto es un ataque en toda regla contra la enseñanza católica.
Los católicos nos dejamos asustar como gallinas porque carecemos del 1er don del Espíritu Santo a saber: la sabiduría. Aquí va:
1) Sr. Cifuentes; en su proyecto de ley pensó en exonerar automáticamente a la Iglesia Católica y las demás porque sobreabundan los miembros homosexuales entre pastores y sacerdotes porque personas como usted han taquedo el mundo y la iglesia con estos ciudadanos gracias a su contribución al practicar cultos en secreto.
2) Porqué mejor no intenta con la pedofilia, aunque pensándolo bien nos topamos con la misma situación anterior.
3) Sr. Cifuentes, quien es el que le paga para proponer este tipo de leyes?
4) Estamos a la espera de su próxima brillantez para soltar la carcajada!???
Aquí hay un grave problema de falta de fe.
¿no se supone que es Dios el que llama?¿ por qué motivo iba a llamar Dios a una persona inadecuada? En vez de estar pensando en a quién llama Dios, se está pensando en por ejemplo si tiene muchos estudios, si sabe muchas lenguas, si tiene oscuro pasado, si pertenece o no a algún movimiento de la Iglesia que no nos gusta… Es una equivocación forzar vocaciones, y menos desde la infancia porque puedes estar metiendo la pata. Si Dios no llama a nadie, no llama a nadie. Al final como si fuera una empresa que coloca al que me cae bien. Eso es ya reírse de la fe y cargarse la espiritualidad que queda. Cuánta chapuza.
No estoy de acuerdo con esos criterios de admisión, a ver si se reforman ya