Piden dos años de prisión para las Femen que asaltaron la Almudena

Abogados Cristianos pide dos años de cárcel para cada una de las dos activistas de Femen que se encadenaron semidesnudas al altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid en una protesta a favor del aborto. La Asociación Española de Abogados Cristianos pide dos años de prisión para cada una de las dos activistas de Femen que se encadenaron semidesnudas el 13 de junio de 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid en una protesta a favor del aborto. La Asociación ha presentado su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que investiga la causa contra las dos chicas que se encadenaron al crucifijo del altar mayor del templo con el lema «Altar para abortar» escrito es su torso semidesnudo para, afirmaron, «mostrar su desacuerdo de manera político-artística». Los Abogados Cristianos les acusan de la comisión de un delito deprovocación a la discriminación, al odio y la violencia por motivos religiosos, otro contra los sentimientos religiosos y otro por interrumpir actos de las confesiones religiosas. Pero también de un delito de profanación y otro de ofensa a los sentimientos religiosos con agravante porque la protesta la hicieron con ánimo de lucro, como prueban las fotos de las activistas encadenadas a la cruz del altar que vendían en la página web de Femen, afirman las fuentes. Así, la Asociación Española de Abogados Cristianos que interpuso una querella contra las dos activistas reclama una pena máxima de dos años de prisión y 46 meses de multa. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha explicado a INFOVATICANA que las penas que solicitan “no son las máximas puesto que no pretenden que nadie vaya a la cárcel, pero quieren que se haga justicia”. “Muy pocas veces se aplica la ley cuando las víctimas son los católicos. Pensamos que es algo muy grave y pedimos que se respete nuestra fe”, ha señalado Polonia. La Audiencia Provincial de Madrid fijará la fecha del juicio próximamente. La Fiscalía les acusa de los delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, para los que solicita nueve meses de prisión y multa de 1.800 euros.