La diócesis de Getafe ha confirmado que apartó el pasado agosto a uno de sus sacerdotes después de recibir una denuncia interna por presuntos abusos sexuales cometidos dos días antes contra un joven de 17 años. El caso, revelado por El País, constituye el cuarto episodio oculto que sale a la luz en este obispado madrileño en solo diez días y vuelve a poner el foco en la gestión eclesial de las denuncias y en la actuación de sus responsables durante décadas.
La denuncia llegó al obispado el 18 de agosto, dos días después de los hechos. Según un portavoz diocesano, se aplicaron entonces “medidas cautelares pertinentes”, entre ellas la prohibición de contacto con menores. La víctima es un antiguo alumno del seminario donde trabajaba el sacerdote hasta el final del curso pasado. La diócesis insiste en que los presuntos abusos no ocurrieron dentro del centro.
El sacerdote acusado ha declinado ofrecer su versión, limitándose a afirmar: “Esto lo está llevando un abogado”. Desde el obispado subrayan que el cura “mantiene su inocencia” y que hasta ahora “jamás se había tenido conocimiento de ninguna conducta inapropiada”.
Investigación tardía y ausencia de denuncia inmediata a la autoridad civil
Según relata El País, la diócesis abrió una investigación preliminar, pero no denunció el caso a la justicia hasta que la familia lo hizo semanas más tarde. Esto suscita preguntas sobre el cumplimiento de la Ley de protección del menor, cuyo artículo 15 obliga a comunicar “de forma inmediata” cualquier hecho constitutivo de delito contra un menor, un deber especialmente exigible a quienes tienen encomendada su educación o cuidado.
Preguntada al respecto, la diócesis explicó que no informó antes a las autoridades porque la familia “no quería” y porque, al estar el menor “debidamente protegido”, se buscó “el momento más adecuado” para su estabilidad psicológica. Asegura también haber colaborado en la presentación posterior de la denuncia penal y que la Oficina de Protección del Menor acompaña al joven y a sus familiares.
Desde el episcopado recalcan que este caso no guarda relación con el seminario donde trabajaba el acusado, y que su traslado a una parroquia fue decidido en junio por “un nuevo proyecto del centro y del seminario”.
Casos previos y responsabilidades pendientes
El País aclara que este nuevo episodio se suma a otros tres casos ocultos hasta ahora: dos sacerdotes ya fallecidos y un tercero (J. A. F.), actualmente en la diócesis de Orihuela-Alicante y todavía en activo. En al menos dos de estas denuncias aparece mencionado como conocedor de los hechos Rafael Zornoza, hoy obispo de Cádiz y Ceuta.
Los casos revelados en los últimos días cuestionan la actuación de los tres obispos que han dirigido la diócesis desde su creación en 1991: Francisco José Pérez, primer obispo, ya fallecido; Joaquín María López de Andújar, obispo entre 2004 y 2018; Ginés García Beltrán, actual titular.
Consultada por El País, la diócesis reconoce que “la ausencia de protocolos y directrices” en el pasado provocó que algunas denuncias no se gestionaran con la debida celeridad y adecuación.
Una diócesis marcada por silencios y omisiones
La acumulación de casos y la gestión deficiente de algunos de ellos evidencian un patrón de opacidad institucional y decisiones tardías que han dejado a las víctimas desprotegidas durante años. Aunque la diócesis asegura su “compromiso contra cualquier tipo de abuso” y su total colaboración con la justicia, los hechos muestran que aún queda un camino largo para restaurar la confianza y garantizar mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y transparencia.