En el umbral del Día de Muertos, la muerte irrumpió con saña el 1 de noviembre de 2025. Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue ultimado a balazos durante el Festival de Velas, un evento que pretendía tejer lazos comunitarios en medio de la tradición. Frente a cientos de testigos, en el centro histórico, tres atacantes abrieron fuego; uno cayó abatido por los escoltas de Manzo, y dos fueron detenidos por las autoridades federales.
El alcalde, de 42 años, fue trasladado a un hospital donde expiró sus últimos alientos, convirtiéndose en el último símbolo más crudo de una violencia política que no distingue entre altares y balaceras. Semanas antes, Manzo había suplicado protección a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtiendo: «No quiero ser un alcalde más de los ejecutados». Su advertencia resuena ahora como un réquiem de la estabilidad y paz en Michoacán, el Estado que ya no puede más.
Manzo fue el primer alcalde independiente de Michoacán, elegido en 2024, representaba la fractura con un sistema de partidos enredados en la madeja del narco y la corrupción. Denunciaba la extorsión a productores de aguacate y limón, el dominio territorial de carteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, y la infiltración en ayuntamientos.
México arrastra en el primer semestre de 2025 un saldo alarmante. Mientras las autoridades federales dicen que todo va a la baja y la seguridad está en uno de sus mejores puntos, 112 asesinatos de candidatos y funcionarios, 74 amenazas, 33 atentados armados, 17 secuestros y 11 desapariciones, según el monitoreo de Integralia. Michoacán, ensombrecen a Michoacán, entidad que ya es un narcoestado; además, suma 98 casos de violencia política contra mujeres hasta mayo, cifras que se hunden en un océano de impunidad del 99%, como denuncia Human Rights Watch en su informe anual.
En últimos días, el estado ha sido un rosario de luto: el sobrino del asesinado líder autodefensa Hipólito Mora, Alejandro Torres Mora,ejecutado en La Ruana, horas antes del asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros de Apatzingán, asesinado en Tierra Caliente un mes atrás.
La descomposición de Michoacán no es un accidente geográfico, sino el fruto podrido de una fragmentación criminal que devora el tejido social. Los carteles, según el informe 2025 de la DEA, se disputan el estado en seis facciones principales: CJNG, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Familia Michoacana, Cártel del Noroeste y Golfo, en una guerra por áreas de cultivo, puertos y rutas de fentanilo.
Tierra Caliente, de los epicentros de esta pesadilla, ve productores pagando cuotas de extorsión o enfrentando ejecuciones sumarias, con familias desplazadas que queman sus propios negocios para huir, como documentan crónicas recientes. Líderes del narco se pavonean en peregrinaciones y conciertos, monitoreados por un Ejército que, paradójicamente, los «protege» de rivales, según filtraciones. Esta no es mera delincuencia; es un Estado paralelo que infiltra elecciones, financia campañas y dicta lealtades con plomo.
En este panorama de horror, la voz de la Iglesia parace ser una voz que grita en el desierto. Los obispos de Michoacán han elevado clamores contra la inseguridad que carcome al estado. Particularmente, Cristóbal Ascencio García, obispo de Apatzingán, ha hecho del púlpito uno de sus principales medios de denuncia profética. El 19 de agosto de 2025, en su homilía dominical, desmintió la «paz oficial» proclamada por el gobierno denunciando la violencia, extorsiones y los cientos de desplazados obligados a dejar sus comunidades por la tremenda violencia propiciada por el crimen organizado.
Ascencio García ha oraciones y peregrinaciones por la paz visitando comunidades con la la única arma de la fe y la oración. Otros prelados, como el arzobispo de Morelia, han sumado ecos: piden no ceder ante el narco y abogar por los desplazados, recordando que cuatro sacerdotes han sido asesinados en la diócesis. Estas denuncias no son retóricas; son un llamado a la acción ética en un estado donde la fe se tiñe de sangre.
Pero la prospectiva a futuro no es demasiado optimisma. Si el patrón se mantiene hay altas probabilidades de que, para 2026, el Estado de Michoacán viva una especie de “narcobalcanización” en feudos controlados por el CJNG en el Bajío, Nueva Familia en la costa, Cárteles Unidos en Tierra Caliente, con autodefensas mutando en paramilitares al mejor postor. La economía agroexportadora colapsaría un 20-25%, según proyecciones independientes, con miles de familias migrando a Morelia o el norte, dejando campos estériles y un PIB regional en picada. La violencia política escalaría: elecciones boicoteadas por terror, ayuntamientos vacíos y un vacío de poder que invita a más caos, especialmente cuando iniciará un año electoral para renovar la Cámara de Diputados en 2027.
En el peor escenario, una intervención federal masiva generaría más corrupción y resentimiento, fortaleciendo a los carteles en su laberinto de impunidad. Sin unidad, la aplicación de la Ley y reformas efectivas, Michoacán no será un estado de legalidad, sino un gran camposanto donde reposarán justos por pecadores, los que ahora, desde el poder, sólo aceptan en observar y rechazar lo que es evidente: Que México se hunde sin remedio en un punto sin retorno hacia la descomposición total.
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