El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre, ha expuesto como nunca antes la podredumbre de un sistema donde políticos y narcotraficantes juegan en la misma cancha contra la sociedad civil.
Este crimen, ejecutado por un adolescente de 17 años en pleno centro de la ciudad con la Guardia Nacional «desaparecida» hasta el momento del remate al sicario ya sometido, no es un hecho aislado, es el síntoma de una simbiosis letal entre el crimen organizado y el poder político en Michoacán, que amenaza con extenderse al resto del país, así lo denuncia el reporte 32 de Análisis y Ciudadanía Social de la Ciudadanía Católica, documento que, desde una perspectiva ética cristiana, disecciona las causas de esta crisis y convoca a la acción ciudadana.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el lunes 10 de noviembre el «Plan Michoacán por la Paz con Inversión Económica», una iniciativa que promete 15 mil millones de pesos en obras y empleo, pero que críticos ven como un parche insuficiente ante la magnitud del narcoestado.
El reporte del Observatorio “Carlos Manzo: Michoacán pone al descubierto la disolución del Estado de derecho” parte de una cita del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n. 118), que define como «social todo pecado contra la justicia» en las relaciones humanas y contra el bien común.
En este marco, el asesinato de Manzo -líder que crecía en estatura moral por desafiar al gobierno federal y al crimen organizado– se presenta como un acto de vileza calculada. Captado en video por testigos, el atentado ocurrió en la plaza central de Uruapan, ante una muchedumbre, con el alcalde recibiendo múltiples disparos de un menor de edad. La Guardia Nacional, asignada a su protección, se ausentó misteriosamente reapareciendo solo para abatir al ejecutor cuando ya estaba neutralizado por la multitud. «Esta acción coordinada entre policías federales y los asesinos revela un narcoestado consolidado», afirma el documento, citando fuentes como Publimetro México y videos de YouTube sobre extorsiones de grupos como Los Viagras, Cárteles Unidos y Los Blancos de Troya.
No es un caso aislado. El reporte vincula este homicidio con el de Bernardo Bravo, líder de los limoneros michoacanos, asesinado el 22 de octubre con signos de tortura. Ambos crímenes responden a una lógica de control territorial: Michoacán, eje de la «indomable criminalidad», es un botín geoestratégico por sus puertos clave –Lázaro Cárdenas (industrial) y Manzanillo (comercial)–, que reciben cargamentos de precursores químicos de Asia y drogas de Sudamérica. Aeropuertos como el de Uruapan facilitan envíos a EE.UU., mientras carreteras modernas distribuyen fentanilo y metanfetaminas a laboratorios clandestinos. «Los políticos y narcos confluyen contra la sociedad civil, empresarios, industriales y campesinos», denuncia el texto ilustrado con mapas de Bing y Google que destacan la posición de Michoacán entre estos nodos del narco.
El análisis del reporte profundiza en las causas, una «simbiosis de intereses» entre narcotraficantes y políticos locales, forjada en la pugna PRI-PRD y culminada en Morena. Figuras como Leonel Godoy (exgobernador PRD, hoy diputado federal de Morena), del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Raúl Morón (senador y aspirante a la gubernatura en 2027) son señalados por su presunta alianza con cárteles como La Familia Michoacana –cuyo líder, Servando Gómez «La Tuta», era miembro de la CNTE–. Pruebas periodísticas, como reportajes de Quadratín y El Financiero, ligan a Bedolla con Cárteles Unidos, mientras encuestas daban a Manzo una ventaja aplastante sobre Morón convirtiéndolo en una amenaza electoral.
El documento critica la respuesta federal. Sheinbaum tardó 14 horas en pronunciarse, omitiendo el nombre de la víctima y culpando a «la guerra de Calderón». Peor aún, un «burdo montaje» en el Zócalo –donde un supuesto agresor la tocó lascivamente, orquestado por asesores como Jesús Ramírez Cuevas y Epigmenio Ibarra– sirvió de distractor, según medios como La Jornada. «Esto muestra el alineamiento de Palacio Nacional con los intereses de los cárteles«, afirma el reporte, aludiendo a información privilegiada de Omar García Harfuch y Lázaro Cárdenas Batel (exgobernador y colaborador de Sheinbaum).
En anexos, se detalla la operatividad de cárteles en Michoacán: Cárteles Unidos (alianza anti-Zetas, productores de fentanilo), Los Viagras (sancionados por Estados Unidos), Los Blancos de Troya (extorsionadores aliados a Viagras), La Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría ordenado el magnicidio en venganza por la captura de «El Rino». Un listado final enumera drogas sintéticas como cannabinoides, mefedrona y precursores de fentanilo destinadas a estos puertos.
Frente a esta disolución del Estado de derecho, el reporte convoca a la ciudadanía católica y social: 1) Examinar la conciencia para rechazar toda corrupción; 2) Recuperar el valor de la vida humana, sin normalizar asesinatos de líderes; 3) Sumarse a denuncias en marchas, redes y debates con valores cristianos; 4) Exhibir la hipocresía de quienes calumnian a críticos mientras ocultan corruptelas; 5) Estudiar éxitos como la recuperación de la democracia en países vecinos; 6) Mantener la esperanza mediante oración, empatía y participación en la construcción de la paz.
En respuesta a la ola de violencia –que incluye este asesinato y narcobloqueos recientes–, Sheinbaum anunció el 10 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz con Inversión Económica, un paquete de 15 mil millones de pesos para 2025-2026. Según su conferencia matutina, el plan incluye: rehabilitación de 500 km de carreteras (3 mil mdp), construcción de 10 hospitales y 50 escuelas (5 mil mdp), programas de empleo para 100 mil jóvenes en agroindustria y turismo (4 mil mdp), y fortalecimiento de la Guardia Nacional con 5 mil elementos en Tierra Caliente (3 mil mdp). «No más guerra, sí a la paz con justicia social», enfatizó la presidenta, prometiendo coordinación con el gobernador Bedolla y el senador Morón.
El reporte 32 puede ser leído aquí.
Ciudadania Catolica y Analisis Social 32
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