El audio que Infovaticana publica hoy revela una maniobra tan torpe como peligrosa. En la grabación, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, admite que el Vaticano conocía una investigación del FBI sobre presunto lavado de activos relacionado con el Sodalicio de Vida Cristiana. Pero en lugar de ofrecer plena cooperación judicial, propuso una “solución” basada en pagos y donaciones a víctimas y diócesis, que permitirían al Vaticano presentar el caso ante las autoridades estadounidenses como «resuelto internamente».
Lo que describe Bertomeu no es solo un error dialéctico o una torpeza imprudente. Es una actuación que, de haberse ejecutado, constituiría un delito federal de obstrucción a la justicia: condicionar la entrega de información o la colaboración con el FBI a la realización de transferencias económicas o aportes caritativos a terceros.
El Vaticano sabía que el FBI investigaba lavado de dinero
Bertomeu reconoce en el audio que la Santa Sede ya había sido contactada por las autoridades de Estados Unidos y que existían documentos con indicios claros de operaciones financieras irregulares.
“El Vaticano ya ha informado a las autoridades norteamericanas… de que en la investigación que se hizo han aparecido documentación en la que había indicios de un lavado de activos.”
Incluso explica que fue convocado por la Embajada norteamericana en Lima, en presencia de un delegado del FBI.
“Estaba el delegado del FBI aquí en Lima, que quería también saber.”
En otras palabras: el Vaticano estaba formalmente dentro de la investigación. Sabía que había un posible delito y había iniciado contacto con las autoridades federales. Cualquier intento de condicionar esa relación o influir en el curso de la investigación es, jurídicamente, una cuestión extremadamente seria.
Una “solución” que implica dinero a cambio de benevolencia
En lugar de colaborar de manera transparente, Bertomeu plantea en la grabación una vía alternativa: pagar. Explica que, según la Secretaría de Estado, el conflicto podría “resolverse” mediante aportaciones económicas y un documento diplomático que diera por cerrado el asunto.
“Esta solución pasaría… porque se revierta al sin ánimo de lucro esto que lucraron. Entonces una carta de acompañamiento, benévola, donde el Vaticano pone, es decir, se hace garante de una solución que se ha dado.”
Y añade:
“Lo primero es contentar a estas víctimas… pero no las puedes contentar con cuatro chavos. Además pasaría por devolver obra social a las diócesis donde hubo misiones que en teoría lucraron.”
La propuesta es nítida: realizar pagos, devolver bienes o financiar proyectos sociales, y con ello presentar ante el FBI una versión suavizada de los hechos, respaldada por una carta “benévola” del Vaticano.
Dicho de forma directa: si se paga, el informe se presenta como resuelto. Si no, el Vaticano podría remitirlo tal cual.
Por qué esto es gravísimo: el límite legal que Bertomeu ignora
El derecho estadounidense es tajante: nadie puede condicionar la cooperación con una investigación federal a la obtención de beneficios o a la realización de pagos a terceros.
Hacerlo —aunque sea con intención “pastoral”— puede considerarse obstrucción a la justicia, un delito federal penado con cárcel.
En la práctica, lo que Bertomeu propone equivale a decir: “Si los implicados pagan o reparan económicamente, el Vaticano se compromete a enviar al FBI un informe atenuado o favorable.”
Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista: un poder religioso no puede usar su posición para alterar el curso de una investigación criminal mediante dinero o influencias diplomáticas.
El lavado de activos es un delito autónomo y objetivo. No se borra con donaciones, ni se “cura” con obras sociales.
Y mucho menos se negocia con una agencia federal.
El intento de justificar lo injustificable
Bertomeu, consciente de la implicación de sus palabras, trata de justificar su propuesta diciendo:
“No es un chantaje… es ganas de resolver un problema.”
Pero la supuesta “resolución” que describe tiene todos los elementos de un condicionamiento económico sobre una investigación penal. En el audio, el funcionario insiste además en que el objetivo es proteger a obispos implicados:
“Aquí lo último que queremos es tener que hacer procesos también canónicos contra obispos… Reviertan por favor esto.”
Es decir, el dinero no solo serviría para “satisfacer” a víctimas o diócesis, sino también para evitar que el caso afecte a la jerarquía eclesiástica.
Una operación de control político y financiero, no de justicia.
Una chapuza diplomática que compromete al Vaticano
Desde el punto de vista jurídico y diplomático, lo que Bertomeu plantea es una chapuza de proporciones mayúsculas. No solo porque confunde derecho penal con acción pastoral, sino porque expone a la Santa Sede al riesgo de una imputación internacional.
La cooperación con el FBI en casos de crimen financiero no es optativa: está regulada por acuerdos internacionales y su manipulación puede derivar en sanciones graves. Intentar “acompañar” la entrega de información con una carta política, a cambio de dinero, sería interpretado como una tentativa de influir indebidamente en un procedimiento federal.
Más allá de su temeridad, el planteamiento revela una mentalidad profundamente equivocada: la de quienes creen que los problemas legales se resuelven con dinero y diplomacia, en lugar de con transparencia y verdad.
El audio deja las cosas claras
El Vaticano sabía que el FBI investigaba un presunto lavado de activos y, en lugar de colaborar plenamente, uno de sus funcionarios propuso una estrategia que mezclaba pagos a terceros para alterar el tono de esa cooperación.
En términos jurídicos, eso se llama obstrucción. En términos morales, encubrimiento.Y en ambos casos, es inadmisible.
Condicionar la entrega de información al FBI a transferencias de dinero, aunque sean donaciones o compensaciones, es un acto que roza el delito federal.
Ni la caridad ni las reparaciones sustituyen a la justicia.
El Vaticano no puede “acompañar” una investigación criminal con cartas diplomáticas ni “resolver” un lavado de dinero con limosnas. Si hay lavado de activos, no se cura con donaciones, se enfrenta con transparencia y colaboración.
El audio que hoy publica Infovaticana demuestra, con las propias palabras de un oficial de Doctrina de la Fe, hasta qué punto la fontanería bergogliana de la Santa Sede había olvidado esa distinción elemental.
La ironía, por desgracia, se escribe sola. Porque todo esto se conoce precisamente en la víspera de que Jordi Bertomeu aterrice en Madrid para pontificar mañana sobre “buenas prácticas” y “gestión de abusos sexuales” en una jornada organizada como si nada de esto existiera. Que quien en privado propone fórmulas que rozan la obstrucción a la justicia venga ahora a dar lecciones públicas de transparencia y responsabilidad institucional no solo resulta chocante: revela el abismo entre el discurso oficial y la realidad que muestran sus propias palabras. Y convierte su visita en un recordatorio incómodo de hasta qué punto la Santa Sede ha normalizado una cultura de control de daños disfrazada de celo pastoral.