El llamado “caso de los Heraldos del Evangelio” se ha convertido, con el paso de los años, en una muestra emblemática de las sombras que dejó el pontificado anterior en materia de gobierno eclesial. La prolongada intervención vaticana sobre esta asociación internacional —una realidad presente en 78 países y erigida por Juan Pablo II como la primera del nuevo milenio— continúa sin explicación convincente y sin una sola acusación probada en sede civil o canónica.
Durante la etapa del papa Francisco, la vida interna de la Iglesia —especialmente en América Latina— se vio atrapada en una creciente polarización entre sectores progresistas y conservadores. Esa dinámica contaminó decisiones que deberían haber sido estrictamente jurídicas y pastorales. En ese clima de sospechas, los Heraldos quedaron sometidos a una administración forzada iniciada en 2019 tras una visita apostólica abierta en 2017. Lo inquietante es que, como subrayan las dos fuentes, nunca se ha explicado oficialmente por qué se inició la investigación, ni cuáles fueron las razones objetivas que llevaron a imponerles este régimen excepcional.
Según documenta Vatican Reporting, más de treinta denuncias civiles y canónicas presentadas contra los Heraldos del Evangelio se resolvieron en su totalidad con archivo o absolución. Esto significa que, en la práctica, no existe ninguna falta grave demostrada. Ni abusos, ni delitos, ni irregularidades doctrinales. Nada que justifique la dureza de las medidas adoptadas.
Y sin embargo, desde 2019, los Heraldos no pueden ordenar diáconos ni sacerdotes, no pueden abrir nuevas casas, no pueden recibir nuevos miembros y viven con fuertes restricciones incluso para desarrollar actividades ordinarias. Un bloqueo completo que, como señala Specola, contradice la praxis habitual del propio dicasterio, que históricamente ha buscado reformar y acompañar —no paralizar— a las instituciones que tienen dificultades reales.
Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es que los Heraldos insisten en que nunca fueron informados formalmente de las razones de la visita apostólica ni de la intervención posterior. Esta afirmación, de ser cierta, plantea un problema grave de justicia interna: en cualquier proceso eclesial mínimamente serio, el derecho de defensa exige que el acusado conozca los cargos. Aquí, ni eso.
El texto de Vatican Reporting también recoge un detalle significativo: algunas de las acusaciones mediáticas más repetidas —como la supuesta desobediencia al no retirar menores de sus casas religiosas— se derrumban cuando se examinan los hechos. Fueron las propias familias quienes, indignadas por lo que consideraban una medida injustificada, decidieron mantener a sus hijos en un ambiente que juzgaban sano y profundamente católico. Otros señalamientos, como los llamados “exorcismos irregulares”, fueron aclarados por los obispos locales como simples oraciones de liberación, algo habitual en contextos carismáticos.
Toda esta situación ha llevado a que muchos comparen el proceso de los Heraldos con el clima que rodeó otros juicios vaticanos recientes, donde el peso de la narrativa mediática antecedía a cualquier investigación seria. Specola lo expresa con una imagen certera: un escenario que recuerda a El Proceso de Kafka, con personas que se ven obligadas a defenderse sin saber exactamente de qué se les acusa.
Hoy, la pregunta que se impone es inevitable: ¿León XIV será capaz de enfrentar esta situación y darle un cierre justo?
El caso de los Heraldos del Evangelio coloca al Papa ante una decisión que no puede aplazar indefinidamente. Tiene dos caminos: restablecer la justicia o prolongar el desgaste, como ha sucedido en otros episodios latinoamericanos —basta recordar el caso “Lute” en Perú, donde la lentitud, el silencio y el peso de los años terminaron imponiendo una especie de condena tácita que nunca fue declarada.
La Iglesia no necesita más procesos interminables que se desgastan en silencio. Necesita verdad, luz y decisiones valientes. El caso de los Heraldos del Evangelio ofrece a León XIV la oportunidad de romper con una forma de gobernar basada en la opacidad y de inaugurar una etapa donde la justicia no sea una palabra retórica, sino un acto real.