El gobierno de Turquía, bajo la administración de Recep Tayyip Erdoğan, ha expulsado desde 2020 a más de 200 cristianos extranjeros, en su mayoría misioneros y trabajadores de comunidades protestantes, junto con sus familias. Las autoridades los califican como “amenazas a la seguridad nacional”, una acusación que no ha sido acompañada de pruebas ni procesos judiciales formales.
Los afectados han recibido notificaciones mediante códigos administrativos secretos —conocidos como N-82 y G-87— que no sólo ordenan su salida del país, sino que prohíben su reingreso indefinidamente. De acuerdo con la organización Alliance Defending Freedom International (ADF), detrás de estas medidas se esconde una persecución religiosa silenciosa, ejecutada mediante decisiones burocráticas que eluden el escrutinio judicial.
“Estos cristianos han servido pacíficamente durante años en sus comunidades locales”, denunció ADF. “El gobierno los señala como un riesgo para la seguridad simplemente por vivir su fe”.
La religión bajo control estatal
Aunque la Constitución turca garantiza la libertad de culto, en la práctica el Estado controla toda la vida religiosa a través del Diyanet, la Presidencia de Asuntos Religiosos, que sólo promueve el islam suní. Según el informe 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), el gobierno turco restringe la formación del clero cristiano, mantiene cerrado desde 1971 el Seminario Teológico de Halki y limita la propiedad y gestión de templos mediante normas discriminatorias.
Estas políticas, sumadas a la vigilancia sobre las comunidades no musulmanas, configuran un ambiente de hostilidad institucional que deja a las iglesias minoritarias en una situación de vulnerabilidad permanente.
Una persecución sin cárceles, pero con códigos
La expulsión de misioneros refleja un tipo de persecución moderna que no se presenta con violencia física, sino mediante herramientas administrativas y decisiones judiciales opacas. En junio de 2024, el Tribunal Constitucional turco respaldó las deportaciones, sosteniendo que la actividad misionera podía suponer “riesgos para el orden público”.
Desde una perspectiva cristiana, esta política contradice los principios fundamentales de la libertad religiosa y criminaliza la misión evangelizadora, reduciéndola a una cuestión de seguridad estatal.
“La fe cristiana no amenaza a la nación; amenaza al poder de quienes no toleran la verdad”, señala un observador citado por LifeSiteNews.
Soledad y riesgo de desaparecer
Diversas organizaciones cristianas han pedido a la Unión Europea y a la ONU que intervengan para garantizar los derechos de los expulsados y para exigir a Turquía el respeto a los tratados internacionales. Mientras tanto, las comunidades cristianas locales —católicas, ortodoxas y protestantes— enfrentan la soledad y el riesgo de desaparecer lentamente.
La represión burocrática que hoy padecen los creyentes en Turquía no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global donde la fe se vuelve sospechosa y la verdad, subversiva.